La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), Jacqueline Peschard, informó que a escala mundial son víctimas de delitos informáticos aproximadamente 556 millones de personas al año, lo que equivale a 18 por segundo.

Esta situación, indicó, causó el año pasado daños económicos que rebasan los 110 mil millones de dólares, de los cuales 42 por ciento corresponde a fraudes cibernéticos.

Se estima, dijo, que dos de cada tres adultos han sido víctimas de fraudes de ese tipo durante su tiempo de vida y, según un reporte sobre delitos informáticos elaborado por un desarrollador de programas de seguridad, 46 por ciento de los sujetos estudiados fueron víctimas de un fraude el año pasado.

Al participar en el quinto Seminario Nacional para la Prevención del Fraude, organizado por el capítulo México de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés), Peschard comentó que en años recientes México dejó de ser un país sumergido en la anarquía y la desregularización para colocarse a la vanguardia normativa en la protección de datos personales.

Por lo que hace a los datos personales, en nuestro país se está realizando una lucha importante para su protección; poco a poco se han generado leyes para regular esta situación, e incluso han existido reformas a la Constitución con el propósito de controlar el uso indiscriminado de esta información, indicó ante los integrantes de la ACFE, organismo que cuenta con 60 mil miembros y 149 capítulos distribuidos en el mundo.

El capítulo mexicano está integrado por profesionales vinculados a la lucha contra la corrupción, prevención y detección de fraudes y delitos de cuello blanco. Tiene más de 390 socios, de los cuales 94 son examinadores de fraude certificados.

La ACFE fue fundada en 1998 y es considerada la mayor organización mundial antifraude y primera proveedora de capacitación y educación en la materia.

En su alocución, Peschard indicó que para evitar el mal uso de los datos personales las organizaciones e individuos que obtengan, usen, accedan, manejen, aprovechen, transfieran, dispongan, divulguen o almacenen información referente a personas, deben tomar conciencia de que no les pertenecen.

Estos datos, agregó, refieren a personas con dignidad y derechos fundamentales que las protegen; además, se han establecido normas de carácter general y obligatorio que los fuerzan a mantener un comportamiento extremadamente cauteloso en el tratamiento de los mismos, por lo que los responsables lo son también tanto del buen uso como del mal uso que se dé a esa información.

Peschard destacó que el correcto tratamiento de datos personales ofrece un nuevo campo de oportunidades económicas sin precedentes, pero también ha despertado la preocupación de las autoridades y los individuos por el mal manejo que se les dé, sobre todo por el avance de las tecnologías de la información.