Desde hace tres décadas, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, bajo la consigna de la llamada renovación moral de la sociedad, no se había presentado una propuesta de fiscalización y combate a la corrupción tan ambiciosa como la que ayer dio a conocer el presidente electo, Enrique Peña Nieto, al anunciar la creación de una comisión nacional anticorrupción, aseguró el maestro en administración pública Alberto Guerrero Rojas.

En entrevista con La Jornada, el ex director jurídico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) dio la siguiente sugerencia al Congreso de la Unión: “(diputados y senadores) deben diseñar una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que sea rígida, que tenga respaldo en una reforma constitucional de gran calado; eso evitará que el puesto de comisionado anticorrupción pueda ser ocupado por ineptos, cuyo único mérito sea su incondicionalidad con el gobierno peñista.

De una vez lo digo: si no se cuida esta parte, es decir, si no se garantiza (en una ley secundaria) la creación de un organismo público anticorrupción con total independencia del Poder Ejecutivo federal, si no se hace esto, esta comisión terminará siendo en los hechos un órgano parecido al Ifai (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos), con alto presupuesto, sí, pero con una efectividad muy menor. Terminaría siendo un organismo diseñado para que lleguen a él los amigos del Presidente de la República, indicó Guerrero Rojas, abogado con más de dos décadas de experiencia en litigios sobre derecho administrativo y sanitario.

Añadió que el nuevo organismo propuesto por Peña Nieto de nada servirá en caso de que no mantenga una relación estrecha con la Auditoría Superior de la Federación, amén de que, dijo, esta comisión debe ir acompañada de personal especializado en cada una de las áreas que contemple, para evitar lo que sucede actualmente en la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde una publirrelacionista y un médico veterinario ocupan puestos claves.

Sobre el mismo tema, José R. Castelazo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), estimó que la creación de una comisión anticorrupción debe ir acompañada de una estrategia integral que incorpore acciones de prevención, investigación, sanción y combate frontal a la impunidad.

En un mensaje emitido en su espacio semanal, denominado El INAP opina, recordó que en la creación en los años 80 de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, se pretendió contar con un organismo gubernamental enfocado al combate a la corrupción, pero tuvo poco alcance.

Dijo que dicha secretaría continuó trabajando con el mismo nombre durante dos sexenios, siendo Ernesto Zedillo Ponce de León el que la transformó en Secretaría de la Contraloría y De-sarrollo Administrativo (Secodam), pero sus alcances también fueron limitados y sus resultados poco contundentes.

Finalmente con la alternancia en el año 2000, comentó José R. Castelazo, la Secodam nuevamente modificó su orientación, y a partir del primero de enero de 2003 cambió su nombre por el de Secretaría de la Función Pública (SFP).

Esta última dependencia acotó cada vez más su labor de vigilancia y control, y aunque impulsó la creación de un servicio profesional de carrera, éste no ha servido para un combate eficaz a la corrupción, destacó el presidente del INAP.