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Dudas entre la izquierda
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de noviembre de 2012, p. 7

Al referirse a los cambios que propone Enrique Peña Nieto en la administración pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigente de El Barzón, consideró ayer que la estructura del gobierno federal ocupa un lugar secundario y que lo importante son las estrategias que se adopten.

Si no se acaba con la economía de cuotas y con los poderes fácticos que controlan los mercados financieros, de alimentos y de la industria en general, es una demagogia hablar de una comisión anticorrupción, subrayó.

De igual manera, si no hay un verdadero trabajo de inteligencia en el combate al crimen organizado y si no se golpean las ganancias de éste, de nada servirá que la Secretaría de Gobernación asuma las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública. No habrá cambio en lo que hace a la violencia que azota al país, explicó.

Por su lado, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, evitó fijar una posición sobre el tema hasta conocer en detalle la propuesta, pero en todo caso consideró aconsejable y saludable que todo lo que ha constituido el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública federal sea acotado claramente por un mando de autoridad civil y que no tenga la autonomía que hoy ha tenido, ni haga los desfiguros de los que ya se ha dado cuenta, entre ellos, el montaje sobre la detención de Florence Cassez.

De gira por Aguascalientes, Zambrano Grijalva agregó que la restructuración que promoverá Peña Nieto –en la que se contempla la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública– no tendría ningún sentido si no viene arropada por un cambio de fondo en la estrategia contra el crimen organizado, que ha fracasado rotundamente en el gobierno de Felipe Calderón.

Enrique Peña Nieto ha dicho que abordará el problema desde otra perspectiva. Veremos qué tan cierto es, mencionó.

El presidente electo entregó ayer a legisladores del PRI un paquete de iniciativas para restructurar la administración pública y crear una comisión anticorrupción que asumiría las funciones de la Secretaría de la Función Pública.