Un juez en materia civil del Distrito Federal emitió un criterio jurídico inédito, con el que se abre la posibilidad de que cuando un justiciable demuestre que hubo violaciones procesales en un juicio civil, ya sea por actos de negligencia o de corrupción judicial, el resultado sea cancelar todas las resoluciones emitidas en un proceso concluido.

El criterio fue emitido por el juez Prisciliano Centeno Rendón, del juzgado 31 civil, al admitir a trámite una demanda de nulidad de juicio concluido, presentada por el comerciante Martín Alfredo Karam Valdez, quien en el año 2000 realizó un préstamo a réditos al político y boxeador Jorge Antonio Kahwagi Makari, por un monto de un millón 600 mil pesos, pues éste tenía la urgencia de liquidar otra deuda con Alejandro Peralta, hermano del presidente del grupo IUSA, Carlos Peralta.

Karam intentó que los tribunales mexicanos obligaran a Kahwagi a pagar su adeudo, pero sólo consiguió que el político le fabricara una acusación de fraude procesal, que lo llevó seis meses a prisión. Después de más de una década de litigar el pleito en los tribunales, una juez, tres magistrados locales y tres magistrados federales coincidieron a favor de Kahwagi.

Hasta diciembre del año pasado, cuando Karam perdió el amparo directo, última instancia judicial a la que tenía derecho, todo parecía concluir que Kahwagi había doblegado al comerciante libanés.

Ayer, en conferencia de prensa, Karam informó que el juez Centeno aceptó mi petición de nulidad, bajo un criterio jurídico que no se ha explorado en el derecho mexicano, y ahora tengo una nueva oportunidad de defenderme demostrando que en el pasado jueces, magistrados, notarios públicos y algunos otros funcionarios judiciales aceptaron violar la ley a favor de los Kahwagi, aun cuando todos los elementos probatorios siempre estuvieron en contra de ellos.

Acompañado por sus abogados, en las instalaciones del Centro Libanés de la ciudad de México, Karam refirió: “Lamento mucho y me avergüenzo de que personas como los Kahwagi pertenezcan a la comunidad libanesa en México. Cuando existen personas así, lo único que se logra es que a los mexico-libaneses se nos catalogue como gente abusiva y tramposa. Les puedo asegurar que no es así.

Invito a las personas que hayan sido defraudadas por la familia Kahwagi para que hagamos un frente común y que juntos logremos no ser víctimas de la impunidad ni de la injusticia, expuso Karam.

El comerciante afectado por la familia Kahwagi precisó que procederá la nulidad de juicio concluido porque en el año 2001 su contraparte contestó la demanda fuera de los plazos fatales que la ley civil les concedía, que eran de tres días hábiles.

De manera increíble, imperdonable y hasta quizá delictiva, Francisco Javier Hernández Palacios, juez 43 civil en el DF, admitió cómo válidas para el juicio las pruebas de los Kahwagi, un mes después de que había vencido su derecho, expuso.