Diputados locales de PRD, PAN, PRI y PVEM cuestionaron ayer los contratos firmados en 2007 por el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICT), dirigido entonces por Esther Orozco, con empresas estadunidenses ligadas al armamentismo y a la deforestación. Consideraron que hay instituciones serias en México, como las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que pudieron haber atendido los requerimientos de ese organismo del gobierno capitalino. Además, reprobaron que se haya clasificado como reservado por siete años el resultado de los estudios encargados a esas corporaciones.

Entrevistados por separado respecto de la información que este diario publicó ayer, Édgar Borja, Priscila Vera y Gabriel Gómez del Campo, del PAN; Yuriri Ayala y Vidal Llerenas, PRD; Armando Tonatiuh González, PRI, y Jesús Sesma, PVEM, coincidieron en señalar la necesidad de transparentar esos contratos. Mencionaron que no ven motivos para la reserva de la información relacionada con los estudios encargados por el ICT, uno a McKinsey & Company Inc, para conocer la factibilidad del proyecto Xochimilco: Ciudad Ecológica, y el otro a la Rand Corporation, para estructurar un programa para el uso de la ciencia e incrementar el desarrollo económico del Distrito Federal.

Édgar Borja, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, dijo: hay que ir a fondo en ese asunto, porque huele muy mal. Y cuestionó: ¿por qué se resguarda por siete años la información?, ¿por qué se contrató a empresas cuestionadas?, ¿cómo beneficiaron a los capitalinos esos contratos?, ¿por qué no se optó por UNAM, UAM o IPN, que son buenas instituciones..? Yo estaría en favor de hacer una investigación desde el inicio.

Para Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Educación, la ex directora del ICT Esther Orozco, deberá aclarar si hubo licitación o adjudicación directa, y respaldó la postura de que hay organismos en nuestro país que bien podrían haber llevado a cabo los estudios señalados.

Priscila Vera, vicepresidenta de la misma comisión, lamentó que se niegue la información sobre esos contratos, y resaltó que si bien la Ley de Transparencia local dicta en qué casos se puede guardar por siete años ciertos datos, no se ve ahí el fundamento de la reserva, por lo que emplazó al comité de transparencia del ICT a hacer públicas sus razones para tal decisión.

Gabriel Gómez, presidente de la Comisión de Transparencia, dijo que ese asunto es igual al que se dio con la reserva a los contratos de los segundos pisos, por lo que confió en que los firmados con Rand y McKinsey correrán la misma suerte, es decir, deberán abrirse al público.

Vidal Llerenas, integrante de esa comisión, añadió que si bien las dos firmas privadas son reconocidas, también es cierto que al negarse los datos de los estudios hechos mete una duda innecesaria, por lo que se pronunció porque se entregue una versión pública, pues no hay ahí asuntos de seguridad pública o de obras en curso.

Armando González y Jesús Sesma, coordinadores de PRI y PVEM, respectivamente, se manifestaron por investigar ese caso y transparentar los recursos públicos de las dependencias capitalinas.

Pedir más recursos para contratos no esclarecidos y que se vayan a congeladora, no lo vemos bien; debe haber congruencia en aumentar presupuesto, pero con congruencia y transparencia, dijo Sesma.