Durante la administración del presidente Felipe Calderón se ha vivido una violencia sin precedentes hacia la población migrante en su tránsito por México y hacia los defensores de derechos humanos, situación que ha sido favorecida por la corrupción, complicidad e impunidad de las autoridades en los tres niveles de gobierno, advierte el Foro Migraciones, al presentar un balance sobre el contexto migratorio y la agenda pendiente para la nueva administración.

El gobierno señala y resalta la responsabilidad del crimen organizado en la violencia hacia la población migrante, ignorando que es el Estado el principal responsable, por acción u omisión, sostiene el análisis.

Asimismo, advierte que mayores controles y restricciones a ese sector de la población han orillado a que los indocumentados utilicen rutas mas inseguras y violentas, situación que “encontró su cúspide más violenta con la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas y el posterior hallazgo de 47 fosas clandestinas, además de un registro de por lo menos 20 mil migrantes secuestrados en un solo año.

En este sexenio también hubo acoso contra las casas y albergues de indocumentados que brindan apoyo humanitario, sufrieron persecución institucional y de algunos sectores de la población, obligándolos a reubicarse o a cerrar definitivamente. La administración de Calderón deja un saldo rojo respecto a la garantía y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito, advierte.

El Foro Migraciones, integrado por más de 40 organizaciones civiles, como la Casa del Migrante de Saltillo, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Red de Mujeres del Bajío, propone al próximo gobierno federal crear una verdadera política que proteja a la población que transita por el país rumbo a Estados Unidos y a los defensores de derechos humanos, garantizar el seguimiento a los casos de centroamericanos no localizados en México y atender las necesidades de sus familiares, como parte de la reparación del daño, entre otros.

Mónica Salmón, de la Organización FM4 Paso Libre, sostuvo que las políticas restrictivas no resuelvan el temas de la seguridad y, por el contrario, favorecen la mayor vulnerabilidad y el incremento en el número de muertes de la población indocumentada.

A su vez, la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, Fabienne Venet, y Nancy Pérez García, directora de Sin Fronteras, subrayaron que la nueva Ley de Migración tiende a favorecer a las personas que estando en esa condición tienen a su alcance el pago de diversos servicios que impone ese ordenamiento, pero tiene graves deficiencias que afectan al grupo más numeroso de indocumentados, como campesinos, obreros y trabajadoras del hogar, quienes carecen de los medios económicos más elementales.

Los integrantes del foro denunciaron también el maltrato de que son objeto los extranjeros cuando son detenidos y trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, ya que no sólo son extorsionados, sino se les impide acceder a la consulta de algún abogado e incluso se les niega la comunicación telefónica con sus familiares.