asaron los años –12 para ser preciso–, y los gobiernos panistas nunca dejaron de hacerse bolas en materia de gasto público. Gastaron donde no debían, y ahorraron donde debían gastar. Derrocharon con alegría los excedentes petroleros, mayoritariamente orientaron los recursos a los servicios personales (en nómina y fuera de ella) y a la fiesta, desaprovecharon la oportunidad de utilizarlos para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, y se convirtieron en los reyes del subejercicio y la creación de fideicomisos privados con dinero de la nación.

El último año del calderonato no tendría por qué ser diferente. Así, al cierre del segundo trimestre del presente año la Cámara de Diputados detectó un subejercicio neto presupuestario de la administración pública centralizada por 6 mil 428.3 millones de pesos. Este monto se integró por 303.4 millones de pesos del subejercicio no subsanado correspondiente al primer trimestre de 2012, y 6 mil 124.8 millones de pesos de subejercicios entre abril y julio. Entre los ramos que incurrieron en los mayores subejercicios se encuentran: las secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Desarrollo Social, Marina, Economía, Gobernación y Relaciones Exteriores, como también la Procuraduría General de la República, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

El subejercicio por 4 mil 70.1 millones de pesos en que se incurrió en el Ramo Salud, apunta el referido centro de estudios, representa 63.3 por ciento del subejercicio total acumulado al segundo trimestre. Dicho subejercicio se concentra preponderantemente en gasto corriente (3 mil 24.4 millones de pesos) que incluye subsidios y transferencias a la población, afectando a los programas del Seguro Popular, Seguro Médico para una Nueva Generación, Prevención y Control de las Adicciones y conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud.

Por lo que toca al subejercicio del Ramo Hacienda y Crédito Público por mil 504.7 millones de pesos, representó 23.4 por ciento del subejercicio total acumulado al segundo trimestre del presente año. Dicho subejercicio se concentra en el gasto corriente con mil 128.3 millones de pesos. Los programas afectados corresponden a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reportó un subejercicio de 951.6 millones de pesos, el cual se distribuyó entre gasto corriente (605.7 millones de pesos), servicios personales (215.1 millones) y gasto de capital (130.8 millones). Entre las áreas afectadas por no ejercer los recursos se encuentran las acciones en concurrencia con las entidades federativas en materia de inversión, sustentabilidad y desarrollo de capacidades; la generación de proyectos de investigación; el registro, control y seguimiento de programas presupuestarios y las actividades de apoyo administrativo, entre otros. En el Ramo Desarrollo Social el subejercicio fue por 295.5 millones, distribuidos entre servicios personales, 122.3 millones; gasto corriente, 103.6 millones, y gasto de capital, 69.7 millones. Con ello se afectó al Programa 70 y más, Hábitat, Oportunidades y otros.

Por su parte, la Procuraduría General de la República presenta un subejercicio de 424.1 millones de pesos, que se concentra en gasto corriente, 271.2 millones de pesos; servicios personales, 89.9 millones, y gasto de capital, 63 millones. El subejercicio afecta principalmente la investigación y persecución de los delitos de orden federal. A su vez, el subejercicio en el Ramo Marina por 290 millones de pesos se distribuye entre gasto corriente por 119.1 millones, y gasto de capital por 170.9 millones, con efectos sobre los proyectos de inversión y los programas de mantenimiento a cargo de la Secretaría de Marina. La otra cara de la moneda es el sobre ejercicio del gasto autorizado por la Cámara de Diputados, como sucedió en Comunicaciones y Transportes; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Función Pública, Turismo y Seguridad Pública.

En un análisis más amplio, el CEFP señala que entre los principales hallazgos en la comprobación del gasto público en la primera mitad de 2012 se cuentan los siguientes: el déficit público al cierre del primer semestre resultó inferior al calendarizado en 149 mil 140.3 millones de pesos. Este menor déficit está asociado tanto a la generación de ingresos presupuestarios mayores a lo previsto por 96 mil 25.2 millones de pesos, como a un gasto neto menor al calendarizado por 53 mil 115.1 millones de pesos. El rezago en el gasto se concentra en el gasto programable, que resultó inferior a lo presupuestado en 54 mil 686.4 millones de pesos. El gasto no programable, por su parte, fue mayor a lo previsto en mil 571.3 millones de pesos.

En el gasto no programable destaca que, si bien en el periodo de análisis se generaron ahorros en materia de costo financiero por 6 mil 178.5 millones de pesos, estos fueron sobre compensados por erogaciones mayores a las previstas en el rubro de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) y en el de Participaciones Federales por 6 mil 481.4 y mil 268.4 millones de pesos, respectivamente. El pago de Adefas durante el primer semestre (20 mil 870.6 millones de pesos) es superior al límite que para el presente ejercicio fiscal puede aplicarse en términos de lo previsto por el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (16 mil 032 millones de pesos).

El rezago en la aplicación del gasto programable por 54 mil 686.4 millones de pesos se concentró en los organismos de control directo (65 mil 175.3 millones de pesos) y, en menor medida, en los ramos administrativos (10 mil 5.3 millones de pesos). En cambio, en los ramos generales, el gasto observado resultó mayor al calendarizado en 16 mil 750.9 millones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Rabioso, el tal Jelipe no se quiere ir sin antes intentar rematar a los trabajadores por medio de la llamada reforma laboral. Ya los empresarios cupulares exigen al Legislativo que deje de lado mezquindades y la apruebe, porque (¡¡¡sorpresa!!!) la clase obrera es la principal beneficiaria de la propuesta del Ejecutivo. ¡Zas! En cambio, el Sindicato Nacional de Mineros advierte que lo que realmente le urge al país es una reforma patronal que meta en orden a los empresarios que violan las leyes y vulneran los derechos de sus trabajadores, entre tantas otras gracias.

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