El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, demandó a las autoridades correspondientes poner orden en el conflicto suscitado en la comunidad Nueva Jerusalén, Michoacán, donde grupos religiosos impiden que alumnos de educación básica tomen clases.

En tanto, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, acusó a la autoridad educativa de pasividad y omisión, y al secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, de no enviar un mensaje contundente de que es inadmisible la transgresión del artículo tercero constitucional en dicha ermita.

Por la mañana, el titular de la SEP expresó que ya se está terminando la instalación de las aulas prefabricadas en la comunidad de La Injertada para que los alumnos acudan a la escuela. Y reiteró que se trata de un problema local. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de miembros de la comunidad ofrecidos a este diario, quienes quieren que sus hijos reciban una educación pública y laica, han reportado que el grupo de fanáticos, pese a que prohíbe la enseñanza, sí manda a sus niños a una escuela que, precisamente, se ubica en La Injertada.

El conflicto religioso en este poblado michoacano afecta a 240 menores, quienes no han podido acudir a clases desde que inició el ciclo escolar, el 21 de agosto, lo cual ha generado confrontaciones entre los pobladores.

En entrevista tras finalizar la ceremonia de inauguración del Año internacional de la Energía Sostenible para Todos, el rector se dijo respetuoso de las creencias, pero subrayó que las líneas religiosas no se pueden anteponer a temas prioritarios como la educación.

Aseveró que el conflicto que se vive en el muinicipio de Turicato es muy preocupante y no se puede estar de acuerdo con grupos que se oponen a la educación.

Por separado, en un comunicado, el líder del SNTE manifestó que independientemente del conflicto político-religioso en la Nueva Jerusalén, es obligación de la SEP y de las autoridades educativas estatales garantizar los derechos constitucionales en materia educativa.

Señaló que las omisiones de la autoridad provocaron que el 20 de agosto se suscitara la agresión contra maestros e integrantes de la comunidad escolar. Ante la pasividad de las autoridades, exigió las condiciones de seguridad necesarias para que los niños reciban educación laica, gratuita y de calidad.