Sociedad y Justicia
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Negligencia e incumplimiento en pago de pensiones, entre las causas

En cinco meses la CNDH atendió 309 quejas por mal trato a adultos mayores
 
Periódico La Jornada
Sábado 18 de agosto de 2012, p. 32

En los primeros cinco meses de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 309 quejas por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de las personas adultas mayores, en cuyos casos se ha documentado que fueron víctimas de negligencia, inadecuada atención en el suministro de medicamentos e incumplimiento en el pago de pensiones.

También hubo casos en que se obstaculizó o negó atención médica y prestaciones de seguridad social, aun cuando la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantiza el acceso de este sector de la población a los servicios médicos, para que gocen de bienestar físico y mental.

Otros servicios a los que tienen derecho son el de orientación y capacitación en materia de nutrición, higiene y cuidado personal, en aras de que tengan acceso a una vida plena.

Ante las quejas registradas, la CNDH advirtió que los adultos mayores tienen derecho a recibir atención y trato digno y respetuoso en los servicios de salud públicos.

Es importante que los tratamientos que reciban, ya sea de carácter preventivo, curativo o de rehabilitación, sean integrales y de calidad, indicó.

En México hay 10.1 millones de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad, lo que representa 9.06 por ciento de la población total. De ellas, 71.4 por ciento son derechohabientes de alguna institución de salud.

La CNDH recordó que como parte de su Programa de Asuntos de la Niñez y la Familia promueve la cultura de respeto a los adultos mayores. Para ello realiza diversas campañas nacionales. Se trata de que se reconozca la importancia que tienen para la vida de nuestro país como fuente de conocimiento y experiencia.

El organismo trabaja también de forma coordinada con autoridades y organizaciones de la sociedad en la conformación de una red de apoyo a las personas en condición vulnerable, entre ellos los mayores de 60 años, a quienes se les proporciona asesoría jurídica y se les orienta a las instancias adecuadas cuando sus derechos humanos son violados.