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Es el mayor cambio en política migratoria desde 1986, pero no incluye la legalización

Casi 1.7 millones de jóvenes pueden acogerse a la deportación diferida

Indocumentados que llegaron antes de cumplir 16 años podrán permanecer en EU

Es una amnistía disfrazada que se promueve por intereses electorales, dicen republicanos

No hay garantía de que la iniciativa permanezca vigente si Barack Obama sale de la Casa Blanca

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Al menos 13 mil jóvenes inmigrantes se reunieron en el muelle de embarque naval de Chicago para llenar las formas detalladas durante el primer día que el gobierno federal puso en marcha el programa llamado Acción diferida para los llegados en la infanciaFoto Ap
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 16 de agosto de 2012, p. 23

Nueva York, 15 de agosto. Con la entrada en vigor hoy del cambio de política migratoria más extenso en décadas, hasta 1.7 millones de inmigrantes indocumentados jóvenes podrían beneficiarse bajo la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que permitirá que por primera vez puedan trabajar de manera legal, continuar con su educación y vivir abiertamente en este país aunque es sólo un remedio temporal que no incluye la legalización.

Decenas de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados y sus familias a lo largo del país empezaron hoy el proceso de solicitud. Agrupaciones de apoyo y defensa de inmigrantes, asociaciones de abogados, los 50 consulados de México y otros países están ofreciendo orientación y asistencia para registrar las solicitudes que, si uno cumple con los requisitos, podrían llevar a anular la amenaza de expulsión durante un periodo inicial de dos años con la posibilidad de renovarse por otros dos años. La medida, oficialmente conocida como Acción diferida para los llegados en la infancia, es el mayor cambio en política migratoria desde 1986 en este país.

Sin embargo, justo por ser por orden ejecutiva y no una reforma legislativa, no hay garantía de que la medida permanezca vigente, sobre todo si hay un nuevo ocupante de la Casa Blanca después de las elecciones presidenciales de noviembre. A la vez, expertos consideran que aquellos que ya se encuentren registrados bajo el programa no enfrentarán la suspensión de su nueva calidad migratoria en caso de que llegue otro presidente.

La orden ejecutiva se anunció en junio después de que el poder legislativo fracasó, una vez más, en aprobar reformas migratorias, sobre todo una iniciativa de ley diseñada para beneficiar al mismo sector joven, conocida como la Dream Act y otorgarles la legalidad. Pero a diferencia de lo propuesto en esa ley, esta medida suspende de manera temporal deportaciones, pero no otorga la legalización plena de estos inmigrantes ni tampoco ofrece una ruta hacia la ciudadanía. Sin embargo, los beneficiados sí serán autorizados a trabajar de manera legal, obtener un número de seguro social y licencias de manejo, como también tener acceso a programas de asistencia financiera para educación universitaria.

La decisión política del gobierno de Obama fue en parte respuesta a la movilización de jóvenes inmigrantes que, arriesgándose a ser deportados por las autoridades, se presentaron e identificaron en público en marchas y ante políticos, demandando un fin a su vida en las sombras en un país al que muchos llegaron desde la infancia.

A la vez, todo indica que Obama también anunció esta nueva iniciativa con vistas a la elección en noviembre. Ante el desencanto de los latinos estadunidenses después de deportar a más inmigrantes que su antecesor republicano George W. Bush –casi 1.2 millones durante su gestión–, esta medida podría ayudar generar el voto latino en varios estados que podrían ser decisivos en la pugna electoral.

La iniciativa será administrada por una agencia, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que aunque forma parte del Departamento de Seguridad Interna, no está ligada a las agencias de seguridad pública encargadas de detención, fiscalización y expulsión de inmigrantes.

El gobierno asegura que todos los datos que se requieren para registrarse no serán compartidos con las otras agencias, garantía fundamental ya que muchos de los potencialmente beneficiados viven con familiares indocumentados y no desean exponerlos ante las autoridades de control migratorio.

Los requisitos incluyen haber estado viviendo en el país de manera contínua durante 5 años y haber cumplido 15, pero ser menor de 31 años a partir del 15 de junio de este año, y haber llegado a EU antes de cumplir 16 años. Además, según las reglas oficiales, los solicitantes tienen que estar en la escuela o haber egresado de la preparatoria y haber servido en las fuerzas armadas.

No hay fecha límite para presentar la solicitud, la cual tiene un costo de 465 dólares. Todo inmigrante con historial criminal, con tres infracciones o más, o si es considerado amenaza a la seguridad nacional será rechazado.

El Instituto de Política Migratoria calcula que potencialmente, 1.2 millones de jóvenes cumplen con estos requisitos y que otros 500 mil alcanzaran la edad mínima en los próximos años.

Esta es la más grande oportunidad que hemos tenido desde 1986 para sacar a la gente de las sombras, para lograr su condición documentada. Tenemos que tomar ventaja de esto, afirmó hoy el representante federal Luis Gutiérrez, quien ha estado entre las figuras más activas para promover una reforma migratoria incluyendo la promoción de la Dream Act, al Washington Post. Gutiérrez ayudó a organizar los talleres de orientación y asistencia en Chicago con cientos de voluntarios y unos 60 abogados que esperaban atender a mas de 10 mil solicitantes este día.

Celebramos la decisión del gobierno de Obama de otorgar alivio temporal a ciertos inmigrantes jóvenes indocumentados, declaró Ángela Sanbrano, presidenta de la junta directiva de la red de organizaciones de inmigrantes Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (Nalacc), al informar que su red aportaría asistencia a los solicitantes.

Lideres de organizaciones como la Asociación Mexicana de Carolina del Norte, Centro Presente en Massachusetts, CHIRLA en Los Ángeles y Casa Maryland, entre decenas más, indicaron que muchos de los inmigrantes –con mucha razón dada las deportaciones y el clima antimigrante que prevalece en el país– aún sospechan si vale la pena arriesgarse y presentarse e identificarse ante las autoridades para solicitar su registro en el programa, pero declararon que los beneficios son mayores que el riesgo y están animando a sus bases a buscar el beneficio.

Críticos, como el representante federal republicano de Texas Lamar Smith, denunciaron que esto es un tipo de amnistía disfrazada que se promueve sólo por intereses electorales y que afectaría negativamente a los millones de estadunidenses desempleados al permitir el ingreso de miles a la fuerza laboral legal.

La información oficial sobre la medida, requerimientos y procesos se difunden por consulados mexicanos y se puede consultar en el sitio de la agencia federal encargada del programa en: uscis.gov