Durante la más reciente audiencia del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano sólo ofreció respuestas ambiguas, imprecisas o equivocadas ante los señalamientos de los especialistas que criticaron su falta de compromiso en la materia, lo cual refuerza la espiral de impunidad, señalaron integrantes de diversas organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, lamentó que en la sesión realizada el pasado 17 de julio en Nueva York, las autoridades únicamente dieran respuestas muy generales, en vez de datos y análisis concretos, ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres.

Una muestra de ello, indicó, es que la delegación del gobierno mexicano sólo admitió la existencia de 200 casos de mujeres víctimas de desaparición forzada, cuando tan sólo las procuradurías de nueve estados dieron a conocer 3 mil 149 reportes hasta 2010.

Además, el Estado no especificó qué medidas concretas se tomarían para erradicar la impunidad de dichas agresiones –incluyendo el castigo a los servidores públicos involucrados–, ni cuántas sentencias judiciales con perspectiva de género se habían emitido.

Por todo ello, las 140 organizaciones civiles que conforman la llamada Coalición Cedaw Ciudadanas exigieron a las autoridades la aplicación de medidas urgentes para erradicar la violencia contra las mujeres, la creación de un banco de datos sobre las agresiones, dejar de frenar la declaración de alertas de género, tipificar la desaparición forzada en los códigos penales de todos los estados, y simplificar los trámites para iniciar búsquedas inmediatas cuando ocurra este delito.

Yunuen Rangel, del grupo Comunicación e Información de la Mujer, subrayó que el Estado mexicano volvió a fallar en sus compromisos internacionales en materia de protección a defensoras de derechos humanos y periodistas, y deploró que frente a los cuestionamientos de diversas expertas sobre las agresiones contra dichos gremios, las respuestas oficiales fueron ambiguas, imprecisas o francamente evasivas y equivocadas.

Por su parte, Ibeth Huerta, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, indicó que aunque el gobierno de México desarrolló un protocolo de elaboración de informes sobre violencia contra las mujeres, no le da seguimiento a dicha información ni a las recomendaciones internacionales en la materia.

Martha Sánchez, de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, enfatizó la necesidad de desmilitarizar los territorios indígenas, para que no se repitan historias como las de Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por soldados en 2002, y llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a acotar de una vez por todas el fuero militar.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se adhirió a los señalamientos de las activistas, y llamó al próximo gobierno federal a atenderlos con acciones concretas.