Las recomendaciones del comité de expertas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado mexicano constatan el balance negativo del que dan cuenta 20 informes realizados por organizaciones civiles para los derechos de las mujeres durante la administración calderonista, en la que no sólo no hubo avances sino que incluso hubo retrocesos, y prueba de ello es que en México existen lugares en los que las mujeres viven en riesgo absoluto, y otros donde sus derechos son más garantizados, apuntó en entrevista Gloria Ramírez, coordinadora general de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM.

La situación es tan desigual que lo que está en juego es la vida y un conjunto de derechos: Si usted vive en el Distrito Federal puede decidir sobre su propio cuerpo; si está en otro estado, puede ir a la cárcel si tiene un aborto espontáneo. Ello tiene una vinculación absoluta con el sistema, con quién y cómo está gobernando, situación que alarmó a las expertas de Naciones Unidas.

Al hacer un balance de la comparecencia del gobierno mexicano y las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres ante el órgano internacional sobre el cumplimiento de las recomendaciones anteriores del comité de expertas, la especialista en derechos humanos subrayó que la apertura de éste, aunada a un trabajo sólido de la sociedad, se tradujo en una serie de recomendaciones puntuales, lejos del lenguaje diplomático habitual, que tendrá que acatar el próximo gobierno federal, así como los gobiernos locales en beneficio de las mujeres.

“El balance tiene claroscuros. Los informes de la sociedad civil e incluso los resultados del propio gobierno presentan una serie de pendientes y una gran contradicción entre avances sustantivos en el plano normativo y la creación de instituciones y el deterioro inmenso en la situación de las mujeres.

Por otro lado, la gran sinergia de la sociedad civil logró presentar informes que dejan de ser quejas para convertirse en información objetiva, sustentada y con propuestas concretas. Llegó un movimiento sólido que mostró un panorama amplio y expresó un mensaje claro; eso se reflejó en la escucha del comité, sostuvo la también presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Hacer que esa colaboración pase de ser una sinergia coyuntural a un trabajo sistemático y de largo plazo es uno de los grandes retos, dijo.

Calificó como un gran avance las recomendaciones concretas publicadas por el comité, toda vez que ayudarán a lograr cambios sustantivos en temas muy específicos, como es el caso de la participación política, donde las expertas instan a los tres poderes de gobierno tanto federal como estatales a incluir reformas o derogar ciertas disposiciones discriminatorias para las mujeres. El Congreso entrante deberá legislar conforme a las recomendaciones de CEDAW para que en cuatro años, cuando rinda el siguiente informe, dé resultados concretos.

Sobre la respuesta de la delegación del gobierno mexicano a las más de 100 preguntas con las que el comité CEDAW la interpeló, la experta señaló que sorprendía la falta de respuestas contundentes, como son estadísticas y cifras referentes al número de asesinatos, desapariciones y agresores detenidos.

“A pesar de los recursos con que cuenta el gobierno –el Inegi o las universidades, por ejemplo– para generar esa información, no lo hizo, no quiso hacerlo”, lamentó.

En su opinión, la delegación oficial debió estar encabezada por el secretario de Gobernación, pues es el único que puede interpelar a los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. Gobernación envió funcionarios de tercer nivel. Eso nos da una respuesta de la atención que el gobierno le otorga al tema.