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Se declara incompetente para aplicar la resolución contra el gobernador y su vocero

Frena Congreso de Puebla sanción del IFE contra Moreno Valle por promoción ilícita
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El Legislativo de Puebla resolvió ayer que no tiene facultades para sancionar al gobernador Rafael Moreno Valle y a su director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, acusados por el IFE de difundir el primer informe de labores del mandatario fuera del territorio estatal. En imagen de archivo, una de las sesiones del Congreso estatalFoto José Castañares / La Jornada de Oriente
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Viernes 3 de agosto de 2012, p. 33

Puebla, Pue., 2 de agosto. El Congreso local frenó la aplicación de sanciones al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y al director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, a quienes el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acusó el 2 de mayo pasado de violar la Constitución federal por difundir el primer Informe de labores del mandatario en salas de cine y radioemisoras fuera del estado.

Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales determinaron que el Poder Legislativo carece de facultades para actuar contra ambos funcionarios.

El Congreso estatal local llegó a un acuerdo de palabra con la oficina de enlace legislativo del gobierno estatal, la cual garantizó que la Contraloría del estado intervendrá para definir si es pertinente iniciar un proceso administrativo, reveló el diputado Zeferino Martínez Rodríguez, del Partido del Trabajo.

El legislador aclaró que sólo se actuará contra Sergio Ramírez, pues la única vía para sancionar al mandatario sería mediante un juicio político, pero no procede porque la falta no es grave.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución y especificó que se violó el artículo 134 de la Carta Magna, el cual determina que en ningún caso la propaganda gubernamental incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

El Consejo General del IFE notificó la semana pasada al Poder Legislativo y a la Contraloría del estado.