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Denuncian al líder del sindicato minero disidente, Carlos Pavón

Amenazan a trabajadores por mantener tomada una mina

Junto con ejidatarios tienen bloqueada la entrada de la excavación

 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de julio de 2012, p. 19

Ejidatarios de La Sierrita y trabajadores de la mina La Platosa, en Tlahualilo, Durango, denunciaron que Carlos Pavón, secretario general del sindicato nacional minero, los amenazó e intimidó por mantener la toma pacífica de las instalaciones mineras, hasta que Excellon Resources les haga justicia.

En comunicados por separado, asentaron que más de un centenar de mineros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSS) –que encabeza Napoleón Gómez Urrutia– y cerca de 80 ejidatarios permanecen en guardia en la boca de la mina desde el pasado día 5 de julio. Los trabajadores para impedir que su contrato sea entregado a Carlos Pavón, y los segundos para exigir la construcción de una planta potabilizadora de agua y concesiones de transporte, entre otras.

Las diversas secciones del SNTMMSS enviaron cartas de apoyo a sus similares y a los campesinos. Jyrki Raina, secretario general de Industriall Global Union, que representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial de 140 países, envió un carta a Gómez Urrutia para manifestar su solidaridad a los mineros que determinaron continuar en el SNTMMSS y exigir a la empresa Excellon Resources respete la libertad sindical y la negociación colectiva de los trabajadores de La Platosa.

Integrantes de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que asesoran a los ejidatarios de La Sierrita, sostuvieron que no hay ningún desacuerdo entre los ejidatarios y los trabajadores de la mina, como afirma Carlos Pavón. Desmintieron que la organización reciba financiamiento de agrupaciones mundiales que han apoyado a Gómez Urrutia.

Señalaron que en 2007, a petición de los ejidatarios, ProDesc respaldó su lucha por la defensa de la tierra ante la empresa candiense, y lograron la firma de un nuevo contrato de arrendamiento de mil 100 hectáreas que contempla cláusulas económicas, sociales y ambientales.