Los grupos parlamentarios del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados exigieron al presidente Felipe Calderón Hinojosa que promulgue la Ley General de Víctimas, toda vez que las observaciones que formuló a ese ordenamiento fueron hechas a destiempo.

Sin embargo, la bancada del PRI en el Senado decidió no apresurarse y revisar si realmente Calderón vetó de forma extemporánea la ley. De no ser así, nos arriesgamos a que el asunto vaya a la Suprema Corte, donde la Ley General de Víctimas puede quedar hasta dos años, resaltó Francisco Arroyo Vieyra.

A su vez, el senador Carlos Sotelo y el diputado Agustín Guerrero advirtieron que hubo gran desaseo en torno a la Ley General de Víctimas, luego que fue aprobada en San Lázaro, el 30 de abril pasado, ya que aunque se remitió a la Secretaría de Gobernación, el 10 de mayo, por la tarde ese mismo día, el presidente de la cámara, el panista Óscar Arce Paniagua, ordenó retirarla y la mantuvo 20 días en San Lázaro.

Todo ese lapso, recalcó Sotelo, la ley estuvo secuestrada, con claro objetivo electoral, que era dar oportunidad a Calderón de vetarla hasta después de la elección presidencial, porque de lo contrario el costo político habría sido muy grande. Fue por ello que la remitió a la Comisión Permanente hasta el primero de julio a las 8:59 con un oficio fechado el 29 de junio, es decir, cuando las casillas ya había cerrado, a fin de no perjudicar a la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota.

A nombre de la fracción perredista en San Lázaro, Agustín Guerrero expuso que Calderón actuó de forma ilegal, al dejar transcurrir el tiempo y vetar la ley con argumentos que debió presentar cuando se elaboraba. Criticó también al panista Arce Paniagua y demandó una explicación pública de por qué fue comparsa en esta operación de secuestrar más de 20 días la publicación de la ley.

El priísta Arroyo Vieyra explicó que el punto de discusión es por qué Arce pidió a Gobernación el 10 de mayo que le devolvieran el proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas y lo mantuvo ahí un buen rato, sin informar de ello a nadie, hasta que el 9 de junio, a propuesta del PRI, la Comisión Permanente pide a Gobernación informes sobre el estado que guarda la ley.

Sólo así se enteraron que hasta el primero de junio, Arce remitió nuevamente la ley a Gobernación. Con ello, Calderón pudo vetar la legislación después de la elección del primero de julio, ya que el apartado B del artículo 72 constitucional le da 30 días naturales para observarla.

El senador Arroyo Vieyra hizo notar que el presidente del Senado, José González Morfín, cumplió con su obligación constitucional y mandó publicar la Ley General de Víctimas, el pasado 29 de junio, y que había divergencias por las fechas. El PRI, insistió, se sumará al panista y exigirá la publicación de la misma, cuando tengamos la certeza de que el veto del Ejecutivo fue extemporáneo.

Destacó que en el Senado se trabajó de forma intensa en torno a esa ley, a fin de honrar los compromisos del Congreso con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Por ello ahora queremos tomar la mejor decisión, a fin de que ese ordenamiento jurídico pueda entrar en vigor lo antes posible.