Para reparar los daños físicos y sicológicos que sufrieron luego de ser arrestados el 4 de mayo de 2006, durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, y en su posterior encarcelamiento por más de cuatro años, tres hombres presentaron una demanda contra el gobierno mexiquense por un monto total de 30 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Pedro Saúl Suárez, representante legal de los quejosos, explicó que éstos interpusieron el miércoles una queja ante el juzgado tercero de lo civil en Texcoco, dirigida contra el gobierno del estado de México, la Procuraduría General de Justicia de la entidad, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía de Texcoco, por los actos de represión ocurridos hace seis años.

De acuerdo con el integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, cada una de las víctimas pedirá una indemnización de 10 millones de pesos, por haber pasado mil 517 días en la cárcel sin haber cometido ningún delito.

Sus defendidos, recordó, fueron acusados de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación, y se les había dictado una sentencia de 31 años de prisión, aunque fueron liberados cuatro años y dos meses después, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no había ninguna prueba que los vinculara con dichos ilícitos.

Aunque subrayó que el aspecto económico no es el más importante, Suárez indicó que la indemnización busca resarcir parte del daño que les produjo a las víctimas la tortura física y sicológica que les infligieron los policías durante su arresto injustificado, así como la estigmatización social que les causa hasta hoy el hecho de haber estado recluidos en el penal de Molino de Flores.

Inés Rodolfo Cuéllar, uno de los demandantes, rememoró el trato inhumano al que fue sometido en la cárcel, donde permaneció con otros 35 reos en una celda diseñada para cuatro, tan sólo por el hecho de que su esposa tiene un puesto de flores en Texcoco, donde sucedió la represión policiaca en 2006.

Narciso Arellano, otro de los quejosos, indicó a su vez que el 3 de mayo de ese año fue aprehendido por las fuerzas de seguridad sólo por estar trabajando como albañil en la zona del operativo, y recordó que los agentes los amenazaron con lanzarlos al mar para desaparecerlos.

En el mismo tenor, Alejandro Pilón aseveró que los granaderos lo arrestaron únicamente por haber transitado en el lugar y el momento equivocados, y aunque se identificó como trabajador de un taller de costura, de todas maneras fue golpeado, ame- nazado y finalmente encarcelado.

Para manifestar su solidaridad con los demandantes acudieron los actores Daniel Giménez Cacho y Julieta Egurrola, y el músico Yoko, del grupo Los de Abajo, integrantes del colectivo artístico El grito más fuerte.