A un mes de que fue aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley General de Víctimas no ha sido aún promulgada por el Presidente de la República y tardará todavía más, porque el proyecto de decreto no está en poder del Ejecutivo federal, sino regresó a la Cámara de Diputados a petición de la mesa directiva de ese órgano legislativo y en medio de un proceso poco claro que tiene preocupados tanto a diputados como a senadores.

Hay incluso versiones de que el proyecto de decreto que se remitió a la Secretaría de Gobernación no es el aprobado por ambas cámaras del Congreso.

El diputado del PRI José Ramón Martel demandó ayer que Gobernación aclare qué está pasando, ya que hay versiones extraoficiales y rumores cada día más fundados de que en forma ilegal se retiró el proyecto de decreto, recibido en Bucareli el pasado 10 de mayo.

Martel presentó incluso un punto de acuerdo en la Comisión Permanente en ese sentido y comentó que no es posible que esa ley, que es fundamental para apoyar a las víctimas de la violencia y del crimen organizado, ande perdida o en el limbo, debido al abuso de alguien que no puedo personalizar, pero que pretende frenarla.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la perredista Mary Thelma Guajardo, declaró estar muy preocupada y sorprendida por la situación y ayer le hizo llegar un oficio al presidente de la mesa directiva, el panista Óscar Arce Paniagua, para que le informe si, de ser verdad que retiró la ley, explique por qué lo hizo.

Queremos saber qué lo motivó y que nos diga cuáles son las razones para ello y por qué a la fecha no ha informado a la Junta de Coordinación Política de tal determinación.

Sin embargo, fuentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados corroboraron que el proyecto de decreto sí fue retirado de la Secretaría de Gobernación, toda vez que lo que se hizo llegar a la dependencia que encabeza Alejandro Poiré no fue lo aprobado en ambas cámaras, sino la minuta con las modificaciones que le formuló el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Humberto Benítez Treviño y que el pleno no avaló.

El 30 de abril en que se votó la ley, Benítez Treviño presentó un dictamen con cambios a la minuta proveniente del Senado, pero ello significaba no aprobarla, ya que era la última sesión del periodo y el pleno decidió avalar en sus términos el proyecto de los senadores.

El priísta se comprometió a presentar una fe de erratas al dictamen pero, según las fuentes consultadas, no lo hizo y se remitió a Gobernación la minuta no avalada por el pleno.

Por ello, cuando en la mesa directiva se dieron cuenta del error retiraron el proyecto de decreto de la Secretaría de Gobernación, a fin de arreglar ellos mismos el texto y no ser exhibidos por el Ejecutivo federal.

En entrevista, Benítez dio una versión distinta. Sostuvo que hizo suya la minuta del Senado, presentó el dictamen con una fe de erratas y pidió que se aprobara en sus términos, ante el pleno de San Lázaro, el 30 de abril. Mostró copias del acuse de recibo del documento en la Secretaría de Gobernación, el pasado 10 de este mes, y exigió que el presidente Felipe Calderón promulgue ya la nueva legislación.

Por su parte, el senador del tricolor Rogelio Rueda, presidente de la primera comisión de la Permanente, a la que se turnó la propuesta de Martel, dijo que una comisión de legisladores solicitará una entrevista con el titular de Gobernación para que les informe qué pasa con la Ley de Víctimas. En San Lázaro se reúnen hoy la mesa directiva y la Comisión de Justicia para tratar de arreglar el enredo.