El juez 38 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Juan Tapia Mejía, fue denunciado penalmente y ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina, por cohecho y hostigamiento sexual.

El juzgador condicionó la resolución de un juicio testamentario que se inició hace casi cuatro años, pese a que desde enero pasado se había dado vista a las partes para dictar sentencia.

Esta es una de las 35 averiguaciones previas abiertas contra jueces del TSJDF, y aunque en este caso el mismo presidente del organismo, Édgar Elías Azar, ha reconocido ante la afectada, María Teresa Ferrat García, que hay varias quejas contra Tapia Mejía, públicamente afirma que son malos perdedores, quienes acusan a los juzgadores.

Fue en 2008 cuando la madre de la afectada, María Guadalupe García Cabello, emprendió un proceso civil para reclamar parte de la herencia de Ángel Román Ferrat Solá –quien fuera secretario de Finanzas del estado de México durante el gobierno de Carlos Hank González– para los dos hijos que procreó con él.

El juicio quedó en manos del juez 37 de lo familiar, José Antonio Navarrete, a quien en septiembre de 2009 se le remitió un testamento, elaborado por el notario público 93, Pedro Porcayo Vergara, con fecha del 12 abril de 1980.

En lo que fue un largo proceso, se presentaron pruebas de que dicho testamento fue remitido al Archivo General de Notarías del DF 20 años después de haberse hecho; un tercer perito en discordia, nombrado por el mismo juzgado, concluyó que la firma de Ferrat Solá y de uno de los testigos no pertenece al puño y letra de los mismos, entre otras irregularidades.

Sin embargo, cuando ya se había dado vista a las partes para dictar sentencia por aparentes presiones de la parte demandada que tiene el control y uso de los bienes, en enero pasado el juez 37 se excusa de continuar con el juicio.

El caso queda en manos de Juan Tapia Mejía, quien además de retardar el proceso, acosa a María Teresa Ferrat García, de 23 años de edad, le pide hasta un millón de pesos para dictar sentencia y le hace insinuaciones sexuales.

Lo anterior quedó asentado en la denuncia que por estos hechos interpuso la joven en la Fiscalía de Servidores Públicos de la procuraduría capitalina y la queja que presentó en la Comisión de Derechos Humanos local en las que ofreció como prueba la grabación de una de las conversaciones que sostuvo con Tapia Mejía.

Ante estas denuncias, el juez 38 se excusó de continuar con el juicio y una jueza tomará el caso, por lo que las promoventes exigieron que esta vez se actúe conforme a derecho.