El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, afirmó que México aún está a tiempo de emprender un cambio de estrategia en el combate contra los enervantes y, sobre todo, modificar la perspectiva respecto a quienes consumen o experimentan con drogas y quiénes son los que deben ser combatidos.

Frente a los retos que encara el país en materia de consumo, producción y distribución de sustancias ilícitas, advirtió que pretender ignorar la gravedad de este asunto es un error. Intentar callar a los que tenemos algo que decir es un desatino. Creer que la solución sólo pasa por la policía y la prisión es francamente insensato.

Al clausurar los trabajos del Foro internacional sobre políticas de regulación del consumo de drogas, convocado por la máxima casa de estudios, enfatizó que es necesario abrir una discusión sobre lo que ocurre en nuestro país, donde “aún tenemos niveles controlables de consumo y adicción, que no son los deseables y que van creciendo, pero tenemos que ver que hay otros lugares cercanos a nosotros –en referencia a Estados Unidos– donde el problema ha tenido una dimensión mucho más grave”.

Insistió en que México requiere un pacto social y hacer un enorme esfuerzo para alcanzar acuerdos y consensos en asuntos fundamentales, como el combate a la impunidad, la corrupción, la inseguridad y el cambio de estrategias en la lucha contra las adicciones y la identificación de dónde están verdaderamente los que generan el problema.

En su mensaje ante expertos nacionales e internacionales, así como integrantes de la comunidad universitaria, quienes rindieron un homenaje póstumo al constitucionalista Jorge Carpizo, quien fue coordinador del encuentro y falleció recientemente, aseguró que se necesita un cambio de paradigma en la definición de políticas para combatir el uso de drogas. El actual no parece estar dando los resultados deseados.

Entendemos la complejidad del enigma –explicó–, pero insistimos en reducir su solución a sólo una línea de combate. Aceptamos que el problema se agrava, pero insistimos en el mismo rumbo y la misma estrategia.

María Elena Medina, el rector José Narro y el abogado de la UNAM, Raúl González, en la clausura del foro sobre drogasFoto Yazmín Ortega Cortés

Se necesita –abundó– una reformulación integral de las políticas en la materia, con apego a las funciones y principios del estado de derecho, pero sin dejar de lado las acciones preventivas y la aplicación de diversas medidas de regulación, pues enfatizó que las cifras mundiales sobre el consumo de drogas cuestionan la política seguida por la mayoría de los países, sobre todo de América Latina, incluido México.

Al destacar la educación como medida preventiva insoslayable, enfatizó que la adolescencia es una etapa especial de riesgo, pues 65 por ciento de los usuarios de drogas se inicia antes de los 17 años.

Por su parte, el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, a quien el rector encomendó la tarea de presentar un documento final con las conclusiones del encuentro, en el que participaron más de 100 especialistas en 19 mesas temáticas, dijo que entre las aportaciones más relevantes se incluye la evidencia de que la política actual para reducir y controlar la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas no ha dado los resultados deseables.

Por el contrario –afirmó–, pareciera estar contribuyendo a generar efectos adversos, que van desde la afectación a la estabilidad del tejido social hasta los altos costos relacionados con los homicidios. Por ello, abundó que las políticas en la materia no pueden ser planas y generales, sino diversificadas, adecuadas, realistas y realizables.

Subrayó que la cárcel, la criminalización y la estigmatización de los consumidores no son las alternativas para abordar el problema. Se precisa la apertura del debate sobre la materia.

Agregó que como parte de las conclusiones se advierte la necesidad de fortalecer las acciones de prevención enfocadas a los jóvenes.

El objetivo del encuentro –reiteró– fue iniciar un análisis de las políticas vigentes sobre el consumo de drogas y generar insumos que sirvan a la toma de decisiones, por lo que las conclusiones se entregarán a los distintos niveles de gobierno, especialistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.