El Senado aprobó la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, con el objetivo de proteger a todo aquel que por su participación en este tipo de procesos se encuentre en situación de riesgo o de peligro. Los legisladores avalaron que se dé protección a víctimas, testigos colaboradores, ofendidos, peritos, policías, agentes del Ministerio Público y servidores del Poder Judicial, y para ello se creará el Centro Federal de Protección a Personas, como órgano desconcentrado y especializado de la Procuraduría General de la República (PGR). Con esta ley se desarrollan las medidas de protección, las cuales pueden ser de asistencia y de seguridad, como tratamientos médico, sicológico o sanitario; asesoría jurídica; gestión de trámites; salvaguarda de la integridad física, sicológica, patrimonial y familiar; vigilancia; traslado de lugar; custodia policial; alojamiento temporal y apoyo económico; cambio de domicilio, trabajo y estudios; previo acuerdo con la PGR, el cambio de identidad, entre otros.