Ciudad Juárez, Chih., 5 de abril. Una corte de distrito de El Paso, Texas, dictó sentencia de cuatro cadenas perpetuas al juarense José Antonio Acosta Hernández por los crímenes de Leslie Enríquez Redelfs, empleada del consulado de Estados Unidos; su esposo, Arturo Redelfs, quien era oficial en una cárcel, y de Jorge Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra funcionaria de la legación diplomática.

Acosta Hernández se había declarado culpable de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación delictuosa, afirmó el Departamento de Justicia en un comunicado divulgado hoy.

Asimismo, se declaró responsable por asesinato y tenencia de armas relacionados con el triple homicidio ocurrido el 13 de marzo de 2010 cerca del puente internacional Paso del Norte, donde murieron la funcionaria consular, su marido Arthur Redelfs y Salcido Ceniceros.

Tras declararse culpable, Acosta fue sentenciado inmediatamente por la juez Kathleen Cardone a siete cadenas perpetuas simultáneas (que se cuentan como una) y tres cadenas perpetuas consecutivas.

Acosta Hernández fue detenido el pasado 29 de julio por agentes de la Policía Federal en Chihuahua capital. Entonces se dijo que la captura se logró por el trabajo realizado conjuntamente con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

Fue extraditado a Estados Unidos el pasado 16 de marzo, sin que se tuviera conocimiento público de este hecho. En la corte se declaró culpable de narcotráfico y varios crímines.

El sentenciado era jefe de sicarios de La Línea, brazo armado del cártel de los Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez. Ante autoridades federales que lo interrogaron en el país vecino aceptó haber ordenado la muerte de al menos mil 500 personas al disputar la plaza con el cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Asimismo, era buscado desde 2008 por el gobierno mexicano, que ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos, pues se le vinculaba con el homicidio de policías municipales de Juárez y ministeriales que se negaron a colaborar con su agrupación delictiva.

Asimismo, se le vincula con el homicidio de 15 jóvenes ocurrido el 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvárcar, donde presuntamente se encontraban reunidos integrantes de la organización delictiva Gente Nueva.

También se le acusa de coordinar y planear el homicidio de 19 personas en el centro de rehabilitación Fe y Vida, en la capital del estado, el 10 de junio de 2010.

Ordenó también el homicidio de Sandra Ivonne Salas García, subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia del estado, el 30 de junio de 2010. En marzo de 2010 las autoridades estadunidenses dieron a conocer que fue él quien ordenó matar a las personas vinculadas al consulado, y desde entonces se intensificó su búsqueda.