El decreto que impuso aranceles a la importación de productos de Estados Unidos ha provocado una cascada de solicitudes de amparos en tribunales federales.

Diversas empresas mexicanas han promovido al menos 45 demandas de amparo en siete estados del país para impugnar la constitucionalidad de ese decreto, que impuso aranceles de entre 10 y 20 por ciento a diversos productos, de acuerdo con registros consultados en las listas electrónicas de los juzgados de distrito.

La mayoría de las compañías inconformes han argumentado en sus demandas de garantías la inequidad, porque el castigo sólo se aplicó a ciertos productos dentro de las mismas fracciones arancelarias.

Hasta ahora se han emitido sólo sentencias de primera instancia en tres casos, pero ninguna es definitiva, porque fueron impugnadas por algunas de las partes del litigio.

En los tres casos en que se ha dictado sentencia de primera instancia los jueces han convalidado la constitucionalidad de ese decreto, pero eventualmente todas las sentencias de jueces serán revisadas por tribunales colegiados de circuito.

El impacto de los aranceles ya se refleja en diversos productos, ya que, por ejemplo, las manzanas y las fresas han subido 20 por ciento para los importadores, quienes transmiten el costo a las ventas por menudeo.

Esto causó que en un punto del año, las fresas, por ejemplo, aumentaran su precio hasta 100 por ciento al pasar de 20 a 40 pesos por kilo.

El 18 de marzo de 2010, el gobierno anunció aranceles a 89 bienes producidos en Estados Unidos en represalia por no permitir el acceso a transportistas mexicanos.