San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de marzo. En Chiapas las violaciones sexuales a mujeres son pan de cada día y a las víctimas se les niega la justicia. Si resulta un embarazo, se les impide el aborto legal.

En un caso de flagrante impunidad, Celestino López Hernández, quien violó en diversas ocasiones a una mujer indígena con síndrome de Down, sigue en libertad. A pesar de que el hecho fue denunciado a las autoridades judiciales del estado y hubo orden de aprehensión, nunca se ejecutó.

Hilda Álvarez Hernández, indígena de 26 años, fue violada por vez primera a los 16 en el municipio de Huixtán, de mayoría indígena y lengua tzotzil.

Desde hace 10 años, su madre, Celia Hernández, viaja frecuentemente a San Cristóbal de las Casas, distante 35 kilómetros de su hogar, para preguntar si fue detenido el agresor.

Además de la impunidad judicial, Hernández y su hija padecieron negligencia de las autoridades sanitarias del Centro Los Pinos de la Secretaría de Salud estatal, las cuales impidieron en 2003 la interrupción legal del embarazo de la menor, a pesar de que cumplía las tres causales que permiten el aborto en Chiapas: violación, peligro de muerte para la madre y malformaciones congénitas graves.

El trabajo en el campo es duro (...) Ya estoy vieja, yo no quería que Hilda tuviera un hijo. A duras penas puedo cuidarla a ella, que en realidad es una niña de cuatro años: hay que cambiarla, bañarla, darle de comer. ¿Quién los va a cuidar cuando yo me muera?

Siguiendo los procedimientos legales, levantó la denuncia ante la Subprocuraduría indígena, según da cuenta el Colectivo Feminista Mercedes Olivera (Cofemo) de San Cristóbal de las Casas, que lleva el caso de Hilda Álvarez.

El expediente penal 79/2003 del juzgado del ramo penal, distrito judicial Las Casas, quedó archivado con la orden de aprehensión contra López, quien volvió a violar a la joven en 2007. Quedó embarazada otra vez y tuvo a una niña, también con síndrome de Down.

Ahora Celia Hernández, de 70 años, tiene que hacerse cargo de todas las tareas de la casa, velar por la manutención de su familia y cuidar a su hija y su nieta.

En Chiapas, las violaciones sexuales denunciadas ante el Ministerio Público (fiscalía) se han duplicado, al pasar de una tasa de 14.8 por cada 100 mil mujeres en 2005 a 34 en 2009.