La Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que es en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en los órganos internos de control del gobierno federal y en los autónomos donde se rompe la cadena para no aplicar responsabilidades en contra de funcionarios que supuestamente desviaron recursos o violaron la ley en el ejercicio del presupuesto.

Durante la primera jornada de la revisión de la Cuenta Pública 2010 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, resaltó que los expedientes son desechados incluso porque les falta un dato tan básico como un domicilio, pero sobre todo porque en las dependencias no están dispuestos a profundizar en casos que no estén en sus programas de trabajo.

Los auditores presentaron ejemplos de que la SFP ha desechado promociones de responsabilidad aun cuando existen elementos suficientes, entre otros, por permisos irregulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el ejercicio no justificado de más de 400 millones en el Parque Bicentenario y el financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles).

En este caso, la auditoría resaltó que se utilizó dinero de las pensiones de los trabajadores para apuntalar a las Sofoles, y que a pesar de que se pidió expresamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de Hacienda actuar contra los funcionarios que autorizaron dichas transferencias, respondieron que no era procedente.

En la reunión, los diputados recordaron que hace dos semanas, durante su comparecencia ante el pleno, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, respondió que los legisladores debían preguntar a la ASF por qué la mayoría de los expedientes contra funcionarios públicos eran desechados.

El jurídico de la ASF, Víctor Manuel Andrade, informó a los legisladores que todos los expedientes turnados a la SFP y a sus órganos internos de control en todas las secretarías y paraestatales van completos, pero si ellos juzgan que falta un dato, lo desechan, cuando tendrían la obligación de abrir una investigación para completar el elemento faltante y llevar a cabo un proceso.

Andrade planteó a los diputados valorar si es viable que la Función Pública siga siendo juez y parte, así como la posibilidad de crear un tribunal constitucionalmente autónomo, dedicado a aplicar sanciones administrativas contra servidores públicos.

El caso que más consumió tiempo en el encuentro –realizado en el nuevo salón de protocolo– entre los auditores y la Comisión de Vigilancia fue el del fondeo del IMSS a las Sofoles.

Juan Javier Pérez Saavedera, auditor especial de cumplimiento financiero, afirmó que la transferencia, sin ser irregular, sí excedió el límite de que las pensiones de los trabajadores no pueden estar sujetas a especulación, y porque fue contrario a las sanas prácticas bancarias, aunque no fue ilegal.

Hacienda evita reportar subejercicios: Miranda Burgos

El diputado César Augusto Santiago (PRI) resaltó que la corrupción tiene su origen en que los jóvenes del gobierno quieren comprarse rápido sus corbatas de marca.

Asimismo, el auditor de análisis de gestión financiera, Ricardo Miranda Burgos, resaltó que para no reportar subejercicios Hacienda utiliza el gasto no realizado en algunas dependencias para ampliar el de otras.

Con ello compensa los sobrejercicios con los subejercicios, en un reparto discrecional de los fondos públicos.