Guatemala, 20 de marzo. Cinco ex colaboradores de los militares en operativos contrainsurgentes en 1982, en el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt, fueron condenados hoy por una jueza a una pena de 7 mil 710 años de prisión por una matanza de 256 indígenas, en su mayoría mujeres y niños.

El Tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Jazmín Barrios, dictó la sentencia durante una audiencia en la que familiares de las víctimas lloraron y se abrazaron al escuchar el veredicto.

Entre los medios de prueba se tomó en cuenta el testimonio de 28 personas que expusieron que las víctimas fueron quemadas y que el fuego duró dos días en extinguirse, y señalaron que antes de matar a las mujeres las violaron.

Cuatro de los condenados eran colaboradores del ejército bajo la figura de patrulleros civiles, en tanto el quinto implicados era un comisionado militar.

Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron organizadas por el ejército como parte de su estrategia contrainsurgente y consistía en reclutar a hombres dentro de las comunidades, a los que dotaba de armas para ser usadas contra columnas guerrilleras o supuestos colaboradores de los rebeldes.

Si un poblador se negaba a integrarse a las PAC, rápidamente era considerado simpatizante de la guerrilla o miembro de ésta.

Abusos y atrocidades

Organizaciones humanitarias guatemaltecas calculan que las PAC durante los años de la década de 1980 estuvieron integradas en el campo hasta por un millón de campesinos indígenas.

Muchos de ellos cometían abusos y atrocidades amparados por el poder que les otorgaba el sistema militarizado de gobierno.

Los comisionados militares eran personajes más selectivos que el ejército nombraba en el campo, como colaboradores en misiones sociales y de inteligencia.

Los condenados son los ex patrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, y el ex comisionado militar Lucas Tecú, quienes fueron capturados en agosto del año pasado.

El Ministerio Público logró probar ante el Tribunal de Mayor Riesgo A que los cinco condenados formaban parte de una unidad militar que el 18 de julio de 1982 ingresó a la comunidad de Plan de Sánchez, en el municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz, y asesinó a por lo menos 256 habitantes, la mayoría mujeres y niños.

En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por esta matanza y le ordenó investigar y perseguir penalmente a los responsables de ella.