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Acepta el gobierno prohibir la explotación minera en zonas ancestrales

Acuerdo con indígenas panameños para cesar ocho días de protestas que dejaron un muerto
 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de febrero de 2012, p. 26

Panamá, 7 de febrero. Indígenas de la etnia ngöbe buglé y el gobierno de Panamá lograron hoy un acuerdo para cesar ocho días de protestas –que se saldaron con un muerto– e iniciar el debate de un proyecto de ley para prohibir las explotaciones y exploraciones mineras e hídricas.

El acuerdo fue firmado por la cacique de la comarca Silvia Carrera, el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, y diputados de varios partidos. En las pláticas del pacto, que se prolongaron por más de seis horas, actuó como mediador el obispo de David, José Luis Lacunza.

Las conversaciones arrancaron al mediodía en San Lorenzo, 380 kilómetros al oeste de la capital.

Previo a las negociaciones, el gobierno desbloqueó las comunicaciones de telefonía celular, suspendidas desde el viernes por supuestos intentos de sabotaje.

Los puntos de acuerdo, leídos por Lacunza, plantean la liberación inmediata de los indígenas detenidos y grupos solidarios, y el envío a sus puntos de base, además de indemnizar a familiares de Jerónimo Rodríguez, el indígena fallecido.

El pacto incluye el cese de la represión a los indígenas, el retiro de los expedientes iniciados por el Ministerio Público, la salida de los agentes antimotines del área de conflicto y el fin de la protesta.

Además, se acordó solicitar a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos reconsiderar en primer debate el proyecto de ley 415 para la incorporación y discusión del artículo 5 del anteproyecto y declarar su tratamiento con urgencia notoria a partir del miércoles.

El gobierno acepta prohibir la minería, pero discrepa sobre las restricciones de los recursos hídricos.

La etnia ngöbe buglé inició el 30 de enero las protestas, con bloqueos de las principales vías, para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas.

El gobierno dice estar de acuerdo con prohibir la minería en las comarcas indígenas pero no los proyectos hidroeléctricos, porque implicaría un sobrecosto anual de 200 millones de dólares para suplir la demanda energética.