San Cristóbal de Las Casas, Chis., 20 de enero. El titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Adulfo Chacón Ruiz, afirmó que hay pruebas contundentes que demuestran la responsabilidad penal del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía por la muerte de la menor Guadalupe Silvestre Vázquez, en diciembre de 2002, en el Hospital General K de Comitán, por lo cual el juez Guillermo González Rodríguez dictó auto de formal prisión el martes pasado.

En el expediente clínico, dice, se hace constar que presentó síndrome de insuficiencia respiratoria, síndrome de aspiración masiva de meconio, enterocolitis necrotizante, sangrado del tubo digestivo, neumonía basal derecha y septicemia, agregó en un comunicado difundido por la PGJE, en respuesta a las declaraciones de la defensa del ex mandatario, la cual manifestó que la formal prisión se dictó por un delito inexistente.

De acuerdo con las conclusiones del peritaje, las afectaciones se presentaron al momento del parto, toda vez que no existían el equipo adecuado ni los especialistas que atendieran de forma oportuna y eficaz a la bebé, a quien antecedieron tres recién nacidos más que fallecieron en el mismo hospital, lo que tampoco motivó la reacción de las autoridades, expuso Chacón Ruiz.

Pablo Salazar Mendiguchía, durante una entrevista con este diario, en julio de 2001Foto La Jornada

Dijo que el hospital debió contar con ventiladores automáticos que permitieran contrarrestar la falta de oxígeno que derivó en enterocolitis; ello propició el sangrado del tubo digestivo, que pudo ser controlado con equipo especializado y la presencia del cirujano pediatra.

Puntualizó que al ser considerado un nosocomio de segundo nivel, el Hospital General K de Comitán debía contar con este equipamiento básico, lo que no ocurrió, debido a que en 2002 (...) sólo recibió 4 millones 713 mil 487 pesos para gasto corriente, es decir para el pago de servicios básicos y sueldos, sin que recibiera un solo peso para la inversión en infraestructura y equipamiento.

Por lo anterior, agregó, “los únicos criterios empleados en esta investigación son la legalidad, el respeto a las leyes y la acción de la justicia a favor de quienes perdieron a sus hijos por esta serie de sucesos, cuya responsabilidad –estipulada en el artículo cuarto de la Ley de Salud del Estado— recae en el primer garante, quien era el gobernador en ese entonces”.