Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, pidió la intervención del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, a fin de que se otorguen garantías a familiares que corren peligro, debido a las denuncias que el ex mandatario ha formulado por los más de 2 mil millones de pesos que desaparecieron de las arcas públicas chiapanecas.

Demandó también a la Procuraduría General de la República (PGR) que, por tratarse de un quebranto patrimonial federal, inicie de oficio una investigación por los hechos, ya que la tardanza en las indagatorias al gobierno de Juan Sabines Guerrero daría oportunidad a los atracadores a que se evadan o se refugien en cargos de elección popular, para obtener inmunidad o impunidad.

En un escrito que hizo llegar desde el penal donde está recluido, sostuvo que ha insistido y demostrado que es un perseguido político, y que en las cárceles y fuera de ellas, el principal peligro para mi seguridad, la de mi familia, amigos, ex colaboradores, incluso de mis abogados, se llama Juan Sabines Guerrero.

Insistió: Estoy en la cárcel, justamente por haber denunciado en un programa de radio, la putrefacta administración sabinista.

El ex mandatario resaltó asimismo que Sabines sigue sin responder por los más de 2 mil millones de pesos faltantes en su gobierno en 2010. Destacó que sorprendentemente, a 43 días de que formuló la denuncia por 900 millones de pesos que el mandatario pagó como a ocho constructoras veracruzanas de dudosa existencia, ni él ni sus oficiosos defensores han salido a dar la cara.

Explicó que de las empresas denunciadas sólo tres existen –Constructora Goli, SA de CV; Constructora Alzurio y Constructora de Edificaciones y Obras de Ingeniería Civil–, aunque se crearon el mismo día, y de las cinco restantes muy probablemente se trata de empresas fantasmas.

Subrayó que durante el ejercicio de 2010, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de la Función Pública encontraron desaparición, más que desvío de recursos, en tan sólo seis programas, como en el Fideicomiso para la infraestructura de los estados, por 519 millones 186 mil pesos y otros 527 millones 616 mil pesos en el Programa de infraestructura básica en zonas indígenas.

El gobierno de Chiapas, dijo, no tiene cómo comprobar el destino de más de 2 mil millones de pesos. Pidió la intervención del Congreso de la Unión, pues los legisladores, dijo, no pueden permitir que recursos asignados a atender las carencias de los chiapanecos terminen en las bolsas de una pandilla de ladrones que gobierna en la entidad.

También solicitó a la ASF y a la Función Pública poner bajo la lupa el accionar de Juan Sabines para evitar ejercicios de simulación, ya que no existen obras. Subrayó que el gobernador se apresuró a contratar otra deuda por 5 mil millones de pesos, para tratar de tapar agujeros generados por malos manejos.

Inquirió también al gobernador: ¿Qué armas porta, que agallas o en que seguridades se apoya para cometer un atraco como el que he denunciado y pensar que nada le va a pasar?