asi una semana después del violento desalojo de normalistas en la Autopista del Sol, a las afueras de Chilpancingo, Guerrero, que se saldó con la muerte de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– y con varios heridos y desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas condenó el excesivo uso de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad, y pidió al Estado mexicano que investigue y esclarezca los hechos diligentemente y de manera seria, completa e imparcial. Los ecos de esclarecimiento y de justicia se reprodujeron ayer en las calles de Chilpancingo, donde cientos de normalistas marcharon en protesta por el asesinato de sus compañeros, y en la ciudad de México, donde organizaciones civiles entregaron, en la Cámara de Diputados, una petición de juicio político contra el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero.

uince años después de la primera definición de soberanía alimentaria (La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades), el concepto ha ganado en amplitud y propagación. De hecho, creo que ha sido su uso y defensa, principalmente en manos de la población campesina, lo que –como algo vivo– le ha dado y dará nuevas dimensiones.

l país ha atravesado en años recientes por un profundo socavamiento de los derechos y las libertades de las personas. Ensayar un recuento podría resultar reiterativo, pues ya otras veces hemos destacado en esta columna los abusos del poder que vulneran la vida democrática de México, las lamentables y sistemáticas ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura y atentados contra la libertad de expresión.

as abejas y las 40 mil familias que en México las crían están en serio riesgo por el avance de los cultivos transgénicos de los últimos años. La señal de alarma la detonó el 6 de septiembre pasado el Tribunal Supremo de Justicia de la Corte de la Unión Europea (UE), al sentenciar que la miel y los complementos alimentarios que contienen polen derivado de un organismo genéticamente modificado (OGM) son alimentos producidos a partir de OGM que no pueden comercializarse sin autorización previa. Esta medida no puede considerarse proteccionista, ya que la regulación también la deben cumplir los apicultores europeos.

os resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis. Como denunció la red internacional Justicia Climática Ahora, significó el establecimiento de un apartheid climático global para mantener los privilegios de una minoría a costa de todos los demás.