Casi cuatro años después de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, no se han obtenido mejoras significativas en materia de seguridad. En lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado la ha generalizado, señaló ayer la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En el reporte Un relato aleccionador: las lecciones del Plan Colombia para la política exterior estadunidense hacia México y otros países, WOLA afirma que “los grupos del crimen organizado, cuyo número se ha expandido de aproximadamente seis confederaciones nacionales a las 12 existentes en la actualidad, se han enfrentado al Estado y entre ellos, en una guerra de todos contra todos. La eliminación de los capos de los cárteles ha provocado la fragmentación de los grupos, desencadenando nuevas luchas por el poder que han multiplicado la violencia”.

Tras recordar que el presidente Felipe Calderón asumió el poder con mandato electoral débil, WOLA indica que desde que el gobernante “lanzó la ofensiva contra los cárteles, en diciembre de 2006, la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha acabado con la vida de unas 40 mil personas en México”.

En el tiempo transcurrido desde que se implementó la Iniciativa Mérida, que tuvo una inversión inicial de mil 400 millones de dólares para un periodo de tres años, “el crimen organizado ha diversificado sus actividades lucrativas ilegales. La extorsión de pequeñas y grandes empresas ha aumentado dramáticamente, y esto ha llevado a muchas de ellas a cerrar sus puertas o, en zonas como Ciudad Juárez, a huir.

“Los secuestros extorsivos se han disparado. Los cárteles han tomado el control del tráfico de personas en numerosas zonas fronterizas y rutas de tránsito de migrantes, plagiando, extorsionando y asesinando a decenas de miles de migrantes, muchos de ellos provenientes de América Central.”

Agrega que al gobierno de Estados Unidos le preocupa cada vez más la violencia en México, pero Washington “no se ha decidido por un enfoque único en cuanto a tipos de cooperación que provee. Tras favorecer los equipos de alto valor, como los helicópteros, en el paquete de ayuda inicial, la cooperación para el año fiscal 2010 hizo más hincapié en el estado de derecho, incluyendo cooperación judicial, un cambio de orientación que nuestras organizaciones habían propugnado.

Sin embargo, en el paquete final para el año fiscal 2010 la cooperación militar no fue recortada, inclinando la balanza de nuevo hacia un enfoque militar, al tiempo que se reducían los montos totales.

Refiere que algunas voces en el debate de Washington quieren incrementar la ayuda militar y policial a México, e incluso contra la insurgencia.

En ese coro hay quienes abogan por caracterizar de terroristas o insurgentes a los grupos criminales de México. En contraparte, existen sectores que defienden que la cooperación no se limite al ámbito militar, y dado que las instituciones mexicanas son irremediablemente corruptas y disfuncionales, propugnan que el énfasis se ponga en la seguridad fronteriza.

Asevera que “la eliminación de los cárteles demostró ser una victoria vacía para Colombia, como puede ocurrir en México. La desaparición de los cárteles de Medellín y Cali a mediados de los 90 apenas afectó al suministro, los precios o el nivel de pureza de la cocaína en el mercado estadunidense.

La voraz demanda de cocaína de Estados Unidos se sostuvo, mientras el acceso al tratamiento para la adicción continuó siendo insuficiente. La ausencia del Estado colombiano y su corrupción a nivel local también persistieron. En consecuencia, las organizaciones narcotraficantes de menor envergadura, junto con guerrillas y paramilitares, se apresuraron a llenar el vacío.

Al evaluar los logros del Plan Colombia, WOLA resalta que si bien disminuyó la violencia, entre 2000 y 2010 más de 3 millones de personas fueron desplazadas en la nación andina y se reportaron más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, reportadas inicialmente como guerrilleros caídos en combate, en un escándalo que se conoce como el de los falsos positivos.

En ese sentido, WOLA advierte que la cooperación militar de Estados Unidos puede llevar a un aumento de los abusos de derechos humanos.

Recomienda: lo mejor es no financiar a fuerzas armadas abusivas. Pero si Estados Unidos elige entrenar y financiar a unas fuerzas armadas con historial de abusos, tiene la absoluta obligación de presionar para que se genere un clima que favorezca el respeto a los derechos humanos. Esto supone terminar con la impunidad por los abusos cometidos por militares, y promover e incentivar políticas que premien el respeto por los derechos humanos. No se trata solamente de ofrecer capacitación en la materia.

Considera que la “muy defectuosa operación Rápido y furioso” y la molesta reacción de la poderosa Asociación Nacional del Rifle ante la modesta medida del presidente Barack Obama de ordenar a los comerciantes de armas de fuego en los estados fronterizos con México informar cada vez que un individuo intente adquirir dos o más riles semiautomáticos en menos de cinco días, ilustran lo difícil que va a resultar la voluntad política necesaria en Estados Unidos para que este país se haga cargo de su contribución a la devastadora violencia armada en México.

El reporte completo puede consultarse en http://justf.org/files/pubs/111110_cautionary_sp.pdf