Quince de los 43 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Colima destituidos la semana pasada por no aprobar los exámenes de control de confianza, amenazaron con revelar vínculos entre la delincuencia organizada y el gobierno estatal, si no son restituidos en sus cargos o liquidados conforme a la ley.

Callados no nos vamos a quedar, alguien tiene que decir las cosas que están pasando en Colima, y si somos nosotros, lo vamos a hacer, y si por esa razón vamos a tener represalias, estamos dispuestos a morir, advirtió Nivardo Padilla Arceo, quien durante 28 años fungió como comandante.

Los ex agentes se manifestaron ayer en el Congreso local, donde pidieron la intervención de los diputados para que los reinstalen en sus puestos o los indemnicen conforme a la ley.

Padilla Arceo aseveró que el subprocurador Marcos Santana no pasó los exámenes de control de confianza, y continúa en la dependencia. Que nos aclare el gobierno del estado por qué están siendo tan tendenciosos si estamos atacando a la delincuencia organizada, demandó.

Señaló que el gobernador Mario Anguiano Moreno no los ha querido recibir, a pesar de el haber solicitado una audiencia en palacio de gobierno.

Recordó que en febrero pasado, cerca de 45 policías fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina; luego recuperaron su libertad sin que les comprobaran nexos con el narcotráfico.

De esos 45 elementos, explicó, 10 fueron dados de baja la semana pasada a pesar de que había una orden de la misma dependencia federal para que ya no fueran nuevamente evaluados.

Después de algunos minutos, los ex policías se reunieron con diputados y el priísta Francisco Zepeda, presidente de la mesa directiva del Congreso, quien aseguró que revisarán el caso y en breve darán respuesta a sus planteamientos.

En este contexto, unos 800 elementos de las 33 corporaciones municipales de Morelos, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la PGJE reprobaron el examen de control de confianza, reveló el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Herrera Chávez.

Entrevistado al término de la sesión extraordinaria del gabinete de seguridad que tuvo lugar la mañana de este jueves en Casa Morelos, de la capital del estado, aceptó que de esos 800 uniformados no aptos, la mayoría sigue en funciones.

De los 8 mil efectivos policiacos que tiene Morelos, hasta ahora ha sido evaluado 70 por ciento. Herrera Chávez detalló que entre los 800 uniformados reprobados se encuentran los 42 mandos y submandos de 26 municipios que resultaron no aptos para desempeñar ese cargo.

A 11 de esos 26 ayuntamientos, la PGJE les inició un procedimiento administrativo porque existe la presunción de que los jefes policiacos reprobados están ligados con la delincuencia organizada.

Seiscientos de los policías que no pasaron las evaluaciones fueron policías rasos de los 33 municipios, de los cuales 200 ya fueron dados de baja o están en proceso de ser cesados.

De los examinados en la SSP –cuya cifra no precisó– 61 reprobaron, mientras que 74 policías ministeriales tampoco resultaron aptos para cumplir su función.

Por otro lado, el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, anunció que se reforzará la seguridad en la Huasteca de la entidad, principalmente en los municipios que colindan con Veracruz, sobre todo en materia de robo de autos y las acciones se coordinarán con la Policía Federal y el Ejército.

El mandatario signó con su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, una carta de intención, para poner en marcha estrategias en materia de infraestructura carretera, salud, educación y seguridad, sobre todo en las entidades del centro del país, afectadas por la delincuencia organizada.

Mientras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, recomendó a la SSP de la entidad iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra el policía estatal Alfredo Morales Ramírez, quien a principios de año hirió de bala a un ciudadano en el municipio de Compostela, e indemnizar al afectado.

Juan Carlos Flores, Rubicela Morelos, Myriam Navarro y Carlos Camacho, corresponsales