Las autoridades del gobierno capitalino tienden a aceptar, la mayoría de las veces, de manera parcial las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pues de los 13 instrumentos dirigidos a diferentes dependencias capitalinas entre 2010 y 2011, nueve fueron admitidas bajo esta modalidad, lo que representa 70 por ciento de los casos, según un informe de este órgano entregado a la Asamblea Legislativa.

Ante ello, diputados de la Comisión de Derechos Humanos definieron ya un formato para citar a comparecer a los funcionarios que no hayan acatado la disposición del órgano defensor de las garantías individuales.

Entre estas recomendaciones se encuentra la emitida por la construcción de la Supervía Poniente, por lo que se analiza qué servidor público deberá rendir cuentas ante los asambleístas, informó el presidente de dicha comisión, David Razú.

De acuerdo con el reporte de la CDHDF, el gobierno capitalino aceptó totalmente sólo cuatro recomendaciones relacionadas con el trato hacia internos del reclusorio de Santa Martha Acatitla, explotación y trata de internas, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y una más sobre usuarios de agua potable.

El resto de las recomendaciones de la CDHDF relacionadas con discriminación por razones de salud, detención arbitraria, violaciones de derechos humanos a comerciantes del Centro Histórico, negligencia en atención médica, omisión para cumplir con la figura de prisión domiciliaria, y falta de seguridad en el paradero de Pantitlán fueron aceptadas parcialmente.

El diputado del PRD David Razú explicó que los servidores públicos tendrán que explicar ante la Comisión de Derechos Humanos, con la presencia del ombudsman capitalino, Luis González Placencia, los motivos de la no aceptación o aceptación parcial de las recomendaciones analizadas.