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Aún se busca un acuerdo para la construcción de una carretera, dice

Gobierno boliviano rechaza que vaya a impedir la marcha indígena hacia La Paz
 
Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 43

La Paz, 18 de septiembre. El gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este domingo que no intervendrá en la marcha de indígenas, que comenzó hace un mes desde la Amazonia y se dirige a La Paz, que rechaza el paso de una carretera por un parque ecológico y que unirá a los departamentos de Beni y Cochabamba.

Nunca hemos pensado intervenir en la movilización indígena; nunca se ha discutido en el gobierno esa posibilidad, afirmó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, quien se encarga de negociar con los nativos.

Los indígenas habían alertado hace unos días que el Ejecutivo ha desplazado a centenares de policías para impedir que la marcha, que se encuentra a unos 330 kilómetros al noreste de La Paz, siga su curso hacia la sede de gobierno.

Centenares de indígenas descansan en la zona de Limoncito, tras comenzar su caminata en la ciudad de Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz. También están a unos 10 kilómetros del corte de carreteras de campesinos oficialistas en el poblado de Yucumo, un punto de paso obligado a La Paz.

Romero dijo que aún hay intercambio de cartas entre el Ejecutivo y los dirigentes de los manifestantes para buscar un acuerdo, pues el gobierno insiste en la obra y propuso realizar una consulta indígena, como parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, mientras que los nativos rechazan la ruta.

Todo está bien, todo está tranquilo, dijo a Afp Cástulo Sejas, vocero de la Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob), principal organización gremial que dirige la caminata de protesta.

Sejas dijo que la marcha se reiniciará, aunque no dijo cuándo, y también indicó que esperan cruzar Yucumo sin incidentes.

La obra vial de 300 kilómetros que cruzaría el territorio indígena TIPNIS en el centro del país, está en su primera fase de construcción, a cargo de la empresa brasileña OAS, con un costo total de 415 millones de dólares, principalmente con un crédito de Brasil.