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Empresarios habrían pagado hasta 2 mdd por permiso, dice la diputada Lizbeth García

Sobornos e ineficiencia en Juegos y Sorteos impiden vigilar las operaciones de casinos

Los concesionarios han logrado ampliar sus negocios por el uso y abuso de amparos, sostiene

 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de septiembre de 2011, p. 12

Actos de corrupción e ineficiencia administrativa han marcado la gestión de la Secretaría de Gobernación en su tarea de vigilar la operación de casas de juegos y sorteos en territorio nacional.

En el primer punto, destaca la aceptación de pagos, realizados por empresarios, en la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos (DGAJS), a pesar de que los permisos oficiales que muestran los interesados no están reconocidos por la dependencia. En esa situación están al menos siete establecimientos, entre ellos uno propiedad de Comercializadora Chihuahua.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado sobre el expediente integrado contra el ex subsecretario de Gobierno de Gobernación, Abraham González, y al menos dos de sus colaboradores, durante la gestión de Francisco Ramírez Acuña, actual presidente de la Cámara de Diputados.

Al acreditar el procedimiento, la juez 47 penal federal, María del Carmen Patricia Mora, concedió en octubre de 2010 una orden de aprehensión contra el subsecretario y dos subalternos por ejercicio indebido de funciones.

El Ministerio Público argumentó que González, hoy diputado local en Jalisco; Roberto Correa Méndez, ex titular de la DGAJS, así como Felipe de Jesús Delgado Hernández, titular de la Unidad de Gobierno –quien ha sido director del centro integral de justicia regional de Tepatitlán, Jalisco–, incurrieron en dolo y lucro indebido.

“De igual forma es de precisarse que aun y cuando el Ministerio Público establece en su pliego de consignación que los inculpados con el engaño efectuado en franca violación a la Ley de Juegos y Sorteos, así como su reglamento efectuado en monto –el cual no puede ser determinado con precisión (sic)– obtuvieron un lucro indebido…”, señala la resolución judicial.

El martes pasado, Abraham González se reunió en privado con el secretario de Gobernación, Francisco Blake.

Lizbeth García, secretaria de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, señaló que empresarios pudieron haber pagado hasta 2 millones de dólares por cada permiso, como soborno para evadir el cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y advirtió que Gobernación no posee la información completa de la situación que priva en el sector de casinos.

De 306 establecimientos abiertos, según los registros de Gobernación, 237 son manejados por permisionarios y 69 por sus operadores. Además, 10 funcionan sobre la base de suspensiones otorgadas por jueces.

Fuentes del área jurídica de Gobernación señalaron que los casos pueden resultar adversos para la dependencia, “porque es práctica común que los juicios de amparo, promovidos por particulares, se enfrenten con plantillas, es decir, machotes donde sólo se llenan datos y se define la defensa con base en lo que se hizo en casos anteriores, sustentados en el sistema informático de digitalización y control de expedientes, que puede resultar una buena herramienta para archivistas o bibliotecarios, pero limita el análisis y la estrategia que pudieran delinear los abogados”.

Ayer, La Jornada solicitó a la subsecretaría de Asuntos Jurídicos su posición al respecto, pero no obtuvo respuesta.

En la Comisión Permanente del Congreso fue aprobado un punto de acuerdo para solicitar a Gobernación un reporte acerca del número de sentencias que por juicio de amparo han sido concedidas a particulares o personas morales operadoras de casinos, casa de juegos o de apuestas remotas, y la relación de jueces que las han otorgado. Hasta ahora, el Poder Legislativo no ha recibido respuesta.

La diputada García dijo que si bien pudiera haber uso y abuso de procesos de amparo de algunos jueces que han otorgado las suspensiones provisionales, en Gobernación la situación no es diferente, porque no responden en los 90 días que marca la ley y eso abre la vía del amparo en favor de las empresas.

Y es con esas resoluciones judiciales que los operadores han podido ampliar sus negocios, como Megasport o Atracciones Vallarta, permisionaria del casino Royale, siniestrado en Monterrey, con saldo de 52 muertos.

Primero el secretario Blake salió a decir que (casino Royale) tenía un permiso federal y luego el subsecretario de Gobierno dijo que estaban indagando de quién era el permiso. Nos queda claro que Gobernación no tiene la información correcta, subrayó.