La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) está obligada al pago de aproximadamente 296 millones de pesos por juicios laborales perdidos, y para su cumplimiento en el segundo semestre de este año se cuenta apenas con 10.2 millones de pesos, es decir, 3.5 por ciento del total del dinero que se requiere.

Así lo precisa un informe amplio que envió el titular de esa dependencia, Manuel Mondragón y Kalb, a la Asamblea Legislativa (ALDF), en el que resume el estado que guardan –hasta el 30 de junio pasado– las sentencias firmes dictadas por tribunales federales y laborales relacionadas con recursos contra la SSP-DF, y que están en vías de cumplimiento, ya sea porque se le ordenó que reponga el procedimiento de destitución o bien reinstale y pague los haberes o salarios caídos en favor de los promoventes, desde que fueron suspendidos hasta la reinstalación efectiva.

Conforme a la información de esa secretaría, a julio de este año están en proceso de ejecución las siguientes resoluciones firmes: 159 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), 506 de tribunales federales (159 de ellas en incidentes de inejecución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 86 en proceso de pago), y 805 más del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, en proceso de cumplimiento.

De acuerdo con Mondragón y Kalb, esos laudos generan en conjunto un pasivo en la secretaría estimado conservadoramente en 296 millones de pesos, y para su cumplimiento en el segundo semestre de 2011 se cuenta con 10.2 millones.

Añade en su informe el funcionario que el alto número de casos en proceso de ejecución que ya venía arrastrando la secretaría desde antes de mi designación, y el pasivo contingente que genera, aunado al insuficiente presupuesto asignado para ello, impiden materialmente la atención y cumplimiento oportuno de esas resoluciones, aunque se está dando salida a esa problemática.

Finalmente, deja en claro que está consciente de que las resoluciones no cubiertas, al constituirse en mora, provocan amparos que dan origen a los incidentes de inejecución que conoce el pleno de la SCJN, y a denuncias penales por obstrucción de la justicia contra los mandos de la SSP-DF.