Washington, 5 de agosto. La Administración Federal Antidrogas (DEA) colaboró con la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en la polémica operación Rápido y furioso, reconoció hoy su directora Michelle Leonhart.

Los agentes de la DEA ayudaron a recolectar evidencia en los casos de trasiego de armas en Phoenix y El Paso, además de cooperar en el único encausamiento judicial surgido de la operación, que incluyó acusaciones contra 20 personas.

La admisión de Leonhart, la primera en que otra agencia federal además de la ATF acepta haber participado en Rápido y furioso, fue hecha en una carta enviada al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y obtenida por el diario Los Ángeles Times.

El contenido de la carta está dirigido al presidente del comité, el republicano Darrell Issa, quien en julio pasado dijo que los contrabandistas rastreados por ATF pudieron haber sido informantes pagados por la DEA y la FBI con dinero del erario local.

Anteriormente el procurador general Eric Holder, Issa y el senador republicano por Iowa, Charless Grassley, en una carta expresaron sus preocupaciones por el involucramiento de la DEA y la FBI, incluida la posibilidad de que trabajaban con sospechosos de Rápido y furioso.

Tenemos indicaciones de varias fuentes de que algunos de los principales contrabandistas que la ATF quería investigar por tráfico de armas ya eran conocidos por otras agencias y pudieron haber sido pagados como informantes, señalaron los legisladores.

Pero en la misiva al comité, la directora de la DEA precisó que su involucramiento fue indirecto toda vez que la ATF estaba a cargo de la operación. Asimismo señaló que participaron a petición de la agencia encargada del control de las armas de fuego.

Entre las acciones que realizó la DEA se incluyen la obtención de números telefónicos y direcciones de sospechosos, así como el pago de lingüistas para la traducción de comunicaciones interceptadas.

En total, la operación Rápido y furioso–-que está siendo investigada por el inspector general del Departamento de Justicia– permitió el trasiego ilegal a México de más 2 mil rifles de asalto y 50 rifles para francotirador, además de miles de municiones.