La Comisión Permanente solicitó al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que informe sobre los 8 mil millones de pesos que se le otorgaron en 2007, conforme a la nueva ley de ese instituto, para fortalecer la infraestructura; sin embargo, a la fecha se observan rezagos en la modernización de hospitales, en la falta de personal médico y continúa el desabasto de medicamentos.

Igualmente se solicitó al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe sobre los arqueos practicados a ese instituto y en su caso se finquen responsabilidades, multas y sanciones a los responsables.

En el punto de acuerdo aprobado por el pleno, se destaca que la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos denunció que esos recursos no han sido utilizados en la modernización de los hospitales, los cuales padecen déficit de médicos y enfermeras y además de que persiste desabasto de medicinas en clínicas y hospitales.

De igual forma, la Permanente aprobó otro punto de acuerdo mediante el cual se solicitó a la ASF para que practique una auditoría a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, particularmente en la gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos en los programas del Issste, observando en su ejecución las disposiciones legales que resulten aplicables.

Otro punto de acuerdo que se aprobó fue un llamado al Poder Ejecutivo para que instruya, a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas pertinentes para atender el desabasto de medicamentos en el Issste y se garantice el derecho de los afiliados a recibir una atención de calidad.

Asimismo, se solicitó al auditor un informe de resultados de las auditorías practicadas al Issste, al Issste-asegurador, al Pensionissste, Fovissste, Superissste y a la Agencia de Viajes Turissste, de 2006 a la fecha.

Fin a extorsiones desde penales

En la sesión de ayer también se aprobó un punto de acuerdo por el cual la Permanente exhorta a las autoridades penitenciarias de los estados y del Distrito Federal para aplicar medidas de vigilancia especial para combatir las extorsiones desde el interior de los reclusorios.

En el dictamen aprobado ayer se destaca que 15 de las bandas extorsionadoras más activas operan en cárceles capitalinas y nueve en el estado de México, y las ganancias por ese delito se estiman en 900 millones de pesos, de 2001 a la fecha.

Asimismo, que 90 por ciento de las extorsiones proviene de penales y el problema es de tal magnitud que se presume la complicidad de custodios, que reciben 30 por ciento del producto ilícito.