El 65 por ciento de los cerca de 70 mil locatarios empadronados que operan en los 318 mercados públicos del Distrito Federal tienen varias irregularidades en su documentación, entre ellas carecer de cédulas, sus papeles están a nombre de otras personas o datan de los años 1900 a 1910, aseguraron las diputadas locales del PRD Aleida Alavez y Claudia Elena Águila.

Las asambleístas señalaron que a partir de este diagnóstico realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) se puso en marcha el programa de regularización de cédulas de estos centros de abasto para su reordenamiento, por lo que rechazaron las versiones de que se trata de un sistema de concesiones o la antesala de su privatización.

En entrevista, la diputada Claudia Elena Águila detalló que, en algunos mercados, se ha detectado el desdoblamiento de comerciantes que ocupan tres o cuatro locales, e inclusive han monopolizado la venta de ciertos productos. En un mercado, por ejemplo, una sola persona compró todas las cremerías y los vecinos se quejan de que los precios están muy altos o que los productos están caducos, pero no tienen otra opción, refirió.

Otra de las anomalías, agregó, es que algunos locatarios se han convertido en coyotes que realizan gestiones ante las delegaciones para realizar cambios de giro, con su respectivo cobro.

Consideró que quienes se oponen a la regularización de cédulas se han erigido en seudo líderes, por temor de perder sus prebendas.

A su vez, la diputada Aleida Alavez indicó que el objetivo del programa es actualizar el padrón de comerciantes permanentes de los mercados públicos y entregar a los locatarios una cédula reglamentaria única, que los ampara en su trabajo y permite que el patrimonio generado durante años pueda transmitirse a sus familiares, aseguró.

Inclusive, destacó que con ello se daría certeza jurídica a 35 mil comerciantes permanentes de mercados públicos que carecen de la titularidad del local donde trabajan.

Ante ello, pidió a los locatarios y trabajadores de los mercados públicos para que no se dejen sorprender por quienes de mala fe los engañan con la versión de que se trata de una privatización.

Detrás de esta información hay un interés partidista que intenta distorsionar los objetivos reales del gobierno y la Asamblea Legislativa de hacer de los mercados verdaderas unidades económicas de abasto popular, modernizados y equipados con elementos reales de competitividad, apuntó.