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Empieza juicio en España contra ocho dirigentes vascos

Si apostar por la paz es delito, somos culpables: Arnaldo Otegi

Afirma el líder que su objetivo es buscar cambios en la izquierda

Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 28 de junio de 2011, p. 34

Madrid, 27 de junio. Si apostar por una estrategia de corte pacífico y democrático es delito, somos culpables; si no, somos inocentes, señaló ante un tribunal de la Audiencia Nacional el dirigente de la izquierda abertzale (nacionalista) Arnaldo Otegi, en la primera sesión del juicio oral contra ocho dirigentes políticos vascos por intentar reconstruir a la ilegalizada coalición Batasuna, acusada por Madrid de ser brazo político del grupo armado ETA.

Otegi se encuentra en prisión desde octubre de 2009 por la supuesta comisión del delito de enaltecimiento del terrorismo, por el que fue condenado a dos años de prisión.

La supuesta cúpula de un nuevo proyecto político de la proscrita Batasuna, denominado Bateragune, se sentó en el banquillo de los acusados: el propio Otegi, además del ex secretario general del sindicado LAB Rafa Díez Usabiaga, Amaia Esnal, Sonia Jacinto, Txelui Moreno, Arkaitz Rodríguez, Mañel Serra y Miren Zabaleta.

Todos fueron detenidos el 13 de octubre de 2010 en un operativo ordenado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, hoy en calidad de suspensión cautelar por la comisión de tres supuestos delitos de prevaricación.

El tribunal español pretende probar, según la versión de la policía española, que los detenidos intentaban reconstruir la coalición abertzale bajo el amparo de la organización armada vasca ETA, que entonces se encontraba activa y que el pasado 10 de enero decretó el alto el fuego permanente y verificable.

Otegi, a diferencia de otros procesos judiciales, esta vez sí respondió a las preguntas del fiscal, Vicente González Mota, ante quien reconoció el carácter político de su actividad y que tanto él como sus compañeros tenían la intención de luchar por la paz desde una propuesta pacífica y democrática.

“No voy a negar en absoluto mi actividad política ni la de mis compañeros. En ese sentido me voy a reafirmar en ella, porque yo entiendo que efectivamente la labor que hemos desarrollado iba encaminada fundamentalmente a buscar un objetivo, que era el cambio de estrategia en la izquierda abertzale”, explicó Otegi, en referencia al proceso interno de este colectivo del independentismo radical vasco, que precisamente hace sólo cinco meses decidió rechazar de forma explícita el uso de la violencia con fines políticas, en concreto la violencia de ETA.

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El líder abertzale, Arnaldo Otegi, rechazó formar parte de un grupo que desarrolla una táctica político-militarFoto Reuters

Pero el dirigente vasco se refirió al final del último proceso de pacificación, roto tras el estallido de la furgoneta-bomba en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron dos migrantes ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Ese hecho marcó un punto de inflexión de que la utilización de la violencia o su amenaza en conflictos políticos, lejos de solucionar los problemas, los enquista y los hace más difíciles de solucionar, expresó Otegi frente al tribunal.

ETA pensaba que era posible acumular fuerzas manteniendo la lucha armada y nosotros no, agregó el dirigente vasco, quien también rechazó formar parte de un supuesto cónclave en el que se desarrollaba la estrategia de corte político-militar, tal como señalan las acusaciones y las versiones de la policía.

También prestó su declaración Díez Usabiaga, quien explicó que el objetivo de crear un partido era “abrir el melón del debate sobre el fin de la violencia en el seno de la izquierda abertzale”, al tiempo que aclaró que se hizo sin tutelaje alguno. El líder sindical está en libertad bajo caución, al igual que los otros seis imputados, quienes salieron de prisión después de pasar varios meses encerrados y tras pagar las respectivas fianzas.

Diversos dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y de Aralar (escisión de Batasuna) acudieron a las puertas de la Audiencia Nacional para solidarizarse con los imputados, al tiempo que exigieron la absolución de estas personas que han contribuido a la normalización.

A la primera sesión también acudieron representantes de las asociaciones de víctimas, que están personadas en la causa como acusación particular.