Opinión
Ver día anteriorLunes 9 de mayo de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Saneamientos de sistemas hidráulicos
S

e ha vuelto costumbre sexenal anunciar planes destinados al saneamiento de las principales cuencas hidrográficas del país, convertidas en auténticos basureros de la industria las ciudades y el agro. El ejemplo más ilustrativo de esos planes es el de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, en la que descargan los más variados desechos contaminantes los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Con gran publicidad se anunció en el sexenio anterior el saneamiento de esa cuenca, obligando a la industria a limpiar sus aguas residuales, igual que ocurriría con las provenientes de las ciudades por medio de plantas de tratamiento ubicadas en diversas partes de la cuenca. Además estaría finalmente libre de basura, pero no de residuos tóxicos y peligrosos provenientes del sector agropecuario en el que se aplican diversos compuestos químicos. Terminó el sexenio del cambio y no se volvió a saber del ambicioso plan para restablecer la salud ambiental en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Ahora se anuncia el inicio del saneamiento de otro sistema hidráulico altamente contaminado: el Atoyac-Zahuapan, con influencia en 224 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, y que figura como una de las seis cuencas más contaminadas del país. Apenas 10 de sus 94 kilómetros de extensión pueden considerarse limpios. Las instancias oficiales prometen que en seis años más no será lo que hoy: la corriente a la que diariamente la industria arroja 80 toneladas de sustancias contaminantes. Mucho mayor es lo que aportan todos los días los centros urbanos: más de 400 toneladas de materia orgánica, de basura, además de 16 toneladas de grasas y aceites. De cumplirse el programa que recién anunciaron los gobernadores de Tlaxcala y Puebla y el gobierno federal, tendremos también, finalmente, recuperada la presa de Valsequillo, la más contaminada del país y que afecta la salud de miles de habitantes que viven en sus alrededores.

También es urgente controlar las emisiones contaminantes que producen las centrales eléctricas que funcionan con base en hidrocarburos. Según el más reciente informe elaborado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, con sede en Montreal, la mitad de las emisiones de contaminantes que terminan en las corrientes de agua del país se originan en dichas centrales y son un peligro, porque contienen metales pesados muy peligrosos para la salud humana y el medio ambiente acuático. Entre esos metales destacan el cromo, el níquel y el plomo. Cabe señalar que éstos y otros todavía más peligrosos se han encontrado en los estudios realizados por el doctor Alfonso V. Botello, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en otra cuenca hidrográfica altamente deteriorada: la del Coatzacoalcos, que recibe el aporte contaminante de la industria petrolera y petroquímica ubicada en el sur de Veracruz.

Pero mientras se anuncia el saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan, crece la inconformidad ciudadana en Baja California Sur por los proyectos mineros a cielo abierto aprobados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Cubren unas 80 mil hectáreas ubicadas entre las ciudades de La Paz y Los Cabos, importantes centros turísticos. Diversas organizaciones ciudadanas iniciaron hace dos años la lucha por evitar las explotaciones mineras por amenazar el turismo (especialmente de Estados Unidos), los recursos hídricos y la escasa agricultura que existe en el sur del estado. Las empresas son canadienses interesadas en el oro que hay en esa parte del territorio nacional.

Grande es el poder y la mala fama de las mineras del país que es nuestro socio comercial. Sus intereses se expanden por Australia, América Latina, Asia y África en busca de recursos minerales. Cada vez controlan, por ejemplo, la explotación del cobre, al grado que compiten con China en dominar áreas de explotación. En México tenemos prueba de esa mala fama: la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. Pero nada harían en contra del ambiente si no contaran con la venia de autoridades complacientes, como las actuales. Y criminalmente negligentes, como acaba de demostrarse nuevamente en Coahuila.