Los 14 puntos que conforman la Resolución por Disposición dirigida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en respuesta a la demanda interpuesta por la escuela primaria bilingüe El Porvenir, de la comunidad chiapaneca Nichteel, por discriminación lingüística en la aplicación de la prueba Enlace, no son más que un juego de simulación, consideró el investigador Gilberto López y Rivas.

En conferencia de prensa, señaló que en este juego de espejos, una instancia que provoca daños es juzgada por otra que, a su vez, también los ocasiona, en referencia al dictamen del Conapred que establece que la SEP incurrió en discriminación indirecta, matizando así la falta y segregando, al mismo tiempo, a los pueblos indígenas, toda vez que en ninguno de los 14 puntos hace referencia a ellos.

En julio de 2008, docentes de dicha primaria interpusieron una demanda ante el Conapred por discriminación lingüística en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), toda vez que no se contempla adecuadamente su contexto cultural y lingüístico ni se aplican las nuevas propuestas de educación intercultural.

Luego de casi tres años, los demandantes y el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural exigieron al Conapred una respuesta contundente, lo cual dio lugar al dictamen de dicho consejo, en el que se reconoce públicamente el trato discriminatorio en materia de educación hacia los pueblos originarios.

Representantes del organismo señalaron que dicho dictamen no repara el daño moral contra los niños y maestros que son evaluados a partir de un instrumento estandarizado que decide si son o no competentes y los prepara para el fracaso escolar, apuntó Marcela Tovar.

José Antonio Girón –uno de los maestros denunciantes– aseveró que la niñez se ve afectada con la destrucción del conocimiento de los pueblos indígenas, que es ignorado por el sistema de enseñanza en México. Si la SEP nos diera el espacio para educarnos como nuestros abuelos, tal vez la sociedad sería diferente, dijo.

Los académicos coincidieron en que lo óptimo hubiera sido suspender la aplicación de la prueba en las comunidades indígenas, cuyo contexto socioeconómico y cultural los pone en desventaja en relación con los niños de otras zonas al ser evaluados con ese instrumento “hegemónico, subordinante, discriminatorio y excluyen- te de la lengua y cultura de los pueblos originarios.

El problema de fondo es que, en la práctica, las comunidades indígenas no gozan del derecho a una educación culturalmente pertinente, es decir, con currículos adaptados a su realidad.

Ana María García señaló que habrá un proceso de seguimiento de los resolutivos, pues no especifican plazos ni metodología para que la SEP cumpla con ellos, y que se está evaluando llevar el caso a instancias internacionales, pues los resultados fueron insuficientes.