México no autoriza operaciones encubiertas que atenten contra la integridad nacional, afirmó ayer la Procuraduría General de la República (PGR), al dar a conocer su postura frente a la operación Rápido y furioso, mediante la cual personal de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) permitió el ingreso de más de 2 mil armas de alto poder a territorio mexicano, y anunció el inicio de investigaciones para que se sancionen los delitos que se pudieran haber cometido en territorio nacional.

La dependencia mexicana indicó que, habiendo tomado nota del pronunciamiento emitido la mañana del pasado jueves por el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, en una audiencia ante el Congreso de su país, considera que “la decisión del Departamento de Justicia y la propia ATF de iniciar una investigación sobre este caso refleja la voluntad de asegurar el apego a las leyes de ambos países y a los principios de cooperación mutuamente acordados.

“Como ya se ha señalado, el gobierno de México seguirá este proceso con especial atención y ha solicitado información detallada a Estados Unidos.

La PGR ha ofrecido el apoyo que pudiera ser necesario a fin de que se esclarezcan plenamente los hechos y, en su caso, se sancione a quienes hubieran cometido irregularidades. Desde que se tuvo conocimiento de las afirmaciones expuestas en medios, la procuraduría inició la investigación correspondiente para esclarecer delitos que eventualmente se pudieran haber cometido en territorio mexicano, señaló la dependencia.

Asimismo, resaltó que “como parte del intenso intercambio de información que sostiene con el Departamento de Justicia, tienen lugar contactos frecuentes sobre diversos casos específicos contra traficantes de armas. En lo asociado a este operativo, la coordinación fue para el desahogo de diligencias sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a interrogatorios.

“El gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico controlado de armas a territorio mexicano” y que, tal como lo declaró Erick Holder, el objetivo de las acciones contra traficantes siempre es evitar que las armas lleguen a México y no sería aceptable que fueran traficadas mientras se les da seguimiento, precisó la dependencia.

Para la PGR, “Estados Unidos no autorizó el trasiego intencional y controlado de armas a territorio mexicano como parte de este operativo, y el gobierno de México no ha dado ni dará su autorización tácita o expresa, bajo ninguna circunstancia, para que ello ocurra”.

En tanto, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que la citada operación violó acuerdos que desde 1995 impulsaron los gobiernos de México y Estados Unidos para combatir el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, que entre otras cosas tienen como finalidad la identificación y rastreo de armamento, así como la detección de traficantes de este tipo.

Las fuentes consultadas refirieron que en los últimos ocho años el número de agentes estadunidenses (en México) se ha incrementado, aunque la cantidad exacta permanece en secreto para no afectar las operaciones que se realizan contra grupos de delincuentes mexicanos que operan en ambas naciones, y además el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) avaló desde 2008 la negativa a revelar esa información por parte de la cancillería.

Los convenios entre ambas naciones involucran a representantes de Gobernación, Seguridad Pública, Hacienda, Marina, Ejército y Procuraduría General de la República, como enlaces con agencias estadunidenses.