A partir de ayer, 20 inspectores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se encargan de llevar a cabo supervisiones de carácter administrativo a las 400 mil unidades del servicio individual de pasajeros (taxis), colectivos, mercantil y de carga que circulan en el Distrito Federal, a fin de acabar con actos de corrupción y mejorar el servicio que ofrecen.

Durante un operativo de supervisión de unidades de la ruta 2, en el paradero de Mixcoac, el secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero, señaló que a partir de ahora nos quitamos ese peso de calificar las unidades y ahora tocará al Invea verificar que los operadores del servicio de pasajeros no sean menores de edad y las unidades cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Con esta transferencia de facultades de verificación, la dependencia continuará como órgano facultado para expedir la norma, mientras al instituto corresponderá verificar que se cumpla, sin intermediarios ni negociaciones. Así que los 185 inspectores, denominados dantes, se reubicarán en otras áreas de la secretaría, para lo cual se sostienen negociaciones con el sindicato, pues 30 elementos ya fallecieron y 25 se jubilaron recientemente, agregó.

El presidente del Invea, Meyer Klip, informó que en una primera etapa se revisará que los operadores del transporte público cuenten con tarjetón y póliza de seguro vigente, y las unidades no hayan sido modificadas con vidrios polarizados, volante pequeño o llantas grandes, mientras en una segunda etapa se iría contra todos, a fin de regularizar este sector, por lo que la próxima semana se emitirá una convocatoria para incrementar la plantilla laboral en 150 personas más.

Los nuevos inspectores contarán con un salario mensual de 27 mil pesos –casi cinco veces más de lo que ganaban los dantes–, para evitar actos de corrupción y mejorar la percepción del usuario respecto del servicio. Tenemos que ir por todos... por quien opera la unidad, por el dueño del vehículo y evidentemente por el usuario. La autoridad hará la parte que le corresponde, afirmó.

Sin embargo, el presidente de la ruta 2, Jesús Padilla Zenteno, y el dirigente de Rutas Unidas, José Antonio Sánchez, le informaron que los 23 mil microbuses que circulan en la ciudad ya cumplieron su vida útil y fueron repontencializados para seguir prestando el servicio, ante la imposibilidad de los concesionarios de comprar un autobús en un millón y medio de pesos, cuando sólo recibe 40 mil por bono de chatarrización. Ello habla de la necesidad, también, de un incremento de la tarifa, señalaron.