Buenos Aires, 1° de febrero. El ministro de Trabajo de Argentina, Carlos Tomada, consideró aberrante la existencia de trabajadores rurales esclavos en pleno siglo XXI, tanto como la permanencia de una ley de la pasada dictadura militar (1976-1983) firmada por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que arrasó con todos los derechos del trabajo rural, contra la cuál el gobierno envió proyectos destinados a acabar con esa injusticia.

En entrevista con este periódico y después de constatar las condiciones de esclavitud en que trabajan miles de peones rurales en el país, el ministro Tomada dijo que la actual presencia del Estado y la recuperación de la cultura del trabajo es lo que ha generado la visibilización de todas estas prácticas aberrantes del trabajo esclavo en Argentina.

Señaló que no sólo existe en el campo, sino que hace años comenzó a descubrirse la esclavitud en esta capital, especialmente en talleres textiles clandestinos, que son una tragedia que estamos decididos a terminar.

Al retomar palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordó que esta situación de esclavitud rural sucede en sectores altamente rentables, como los del campo, donde está demostrado que también hay patrones o empleadores que tienen trabajadores en buenas condiciones, en legalidad, lo que desmienten a algunos que sostienen que es una cuestión de rentabilidad. Tiene que ver con una cuestión de avaricia, una cuestión ideológica y política, afirmó.

Tomada, con una larga experiencia sindical, tiene a su cargo un ministerio clave desde mayo de 2003, después de la experiencia de las dictaduras militares y de los años 90, cuando el proyecto neoliberal impuesto llevó al desempleo a más de 35 por ciento de la población, y hasta 60 por ciento en algunas provincias, lo que precipitó a Argentina a la crisis económica de 2001.

“Ese desempleo sirvió como un temible disciplinador social y el trabajo irregular, ilegal (en negro, como se le llama aquí), fue la constante en un largo periodo histórico”, sostuvo el funcionario.

El ministro también planteó que en las recientes reuniones con los dirigentes de la Mesa de Enlace de cuatro entidades patronales del campo, que realizaron el mes pasado un paro contra el gobierno –que fracasó–, invitó a éstos a que lo acompañaran en las inspecciones que se hacen en todo el país, además de que les pidió que denuncien los casos de esclavitud, pero no tuvo respuestas.

Destacó que en la ley que la presidenta envió al Parlamento, que está basada en estas inspecciones, hasta hemos tenido que regular el tamaño de las habitaciones o que los alojamientos tengan baño, algo increíble en una ley escrita en Argentina en el siglo XXI, porque no existe un cuerpo legislativo que nos permita aún controlar las condiciones de vida y de trabajo en esas actividades.

Sostuvo que el gobierno se propone fortalecer y profundizar este modelo de redistribución y justicia laboral y avanzar sobre aquellos sectores que aún utilizan prácticas que nos retrotraen a un pasado muy lejano.

Le preguntamos si esto traerá respuestas duras, y admitió que hay crispación en algunos sectores que no están dispuestos a entender que el gobierno va en dirección a lograr el pleno empleo y esto implica redistribuir los márgenes de ganancia, construir una sociedad más igualitaria, abandonar la idea de un país para pocos. Esto genera tensiones, las que hemos tenido en estos años.

También analizó que desde mayo de 2003, el ex presidente Néstor Kirchner “decidió la no penalización de la protesta social –lo que se mantiene– porque teníamos claro que había una sociedad en carne viva y planes sociales para contener que el país no entrara en llamas”. En ese aspecto, el fallecido ex gobernante dijo ni palos ni planes, sino trabajo.

Las protestas en todos los campos del trabajo tienen otro nivel, son más puntuales con estas expresiones de libertad sindical, porque progresivamente la gente ha ido perdiendo el miedo después de tantos años de desempleo.

Agregó: Me consta que hay consultoras que se promocionan en conocidos medios de difusión haciendo pronósticos catastróficos que nunca se concretan, que aunque no lo crean, tienen medido el nivel óptimo de desocupación que debería haber en el país para disciplinar el conflicto social y debilitar a los sindicatos. A eso nos enfrentamos.