Política
Ver día anteriorMartes 18 de enero de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Insisten diputados en procesar a jueces de Chihuahua
 
Periódico La Jornada
Martes 18 de enero de 2011, p. 15

Ciudad Juárez, Chih., 17 de enero. El Congreso de Chihuahua sí tiene jurisdicción para someter a juicio político a los jueces que dejaron libre al homicida de la adolescente Rubí Marisol Frayre, cuya madre, Marisela Escobedo también fue ultimada el pasado 16 de diciembre ante el palacio de gobierno estatal, cuando exigía justicia en un plantón instalado ocho días antes.

Así lo indicó el presidente del órgano legislativo, el priísta Enrique Serrano Escobar, cuya bancada ocupa 19 de los 33 escaños, y estableció como base los artículos 179, 181 y 182 de la Constitución chihuahuense, contra el señalamiento de los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes invocaron la prohibición del juicio conforme a la jurisprudencia PJ55/2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los artículos enunciados por Serrano Escobar indican que el Congreso de Chihuahua no sólo conocerá mediante juicio político los actos u omisiones de los servidores que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, sino definirá con reso- luciones inatacables ya sea la destitución o inhabilitación de los responsables.

El legislador también dijo que los jueces tienen derecho a nombrar dos defensores con derecho a voz para concurrir ante el pleno del gran jurado, cuyas sesiones serán privadas y podrán clasificarse como información reservada, y en las que participarán todos los diputados, excepto los que solicitaron el procedimiento.

Al respecto, la Barra Nacional de Colegios de Abogados publicó hoy en medios chi- huahuenses una inserción en la que reclama desahogar el caso con justicia, verticalidad institucional y la firme y valiente decisión de atender el reclamo de la sociedad.

No sólo es momento de levantar la voz y exigir la revisión y modificación de los sistemas de impartición de justicia y los códigos penales y procesales, sino la forma en que se responde y atiende a la víctima del delito, además de resolver si es correcto dar coercitividad a las comisiones de derechos humanos, expresa el documento publicado.