n febrero de 2001, el gobierno francés destinaba 260 millones de francos para promover alimentos sanos y reglamentar lo que consumen los escolares en sus planteles, porque resultaba más costoso enfrentar las enfermedades debidas a la obesidad, mientras que, por las mismas fechas, el diario Libération (03/08/2001) publicó un estudio efectuado en la ex República Democrática Alemana, donde se afirmaba que el capitalismo había engordado a la población en poco más de 10 años.

Luego, entre febrero de 2003 y julio de 2005, tuvo lugar una discusión nacional en Francia sobre las medidas para retirar de las escuelas y liceos las máquinas que expenden refrescos embotellados y golosinas: desde la propuesta de subir los impuestos a los fast-food y prohibir la venta de golosinas en el Metro y las escuelas, seguida de la iniciativa de reforma de ley que votó la Asamblea Nacional para prohibir la venta de refrescos, golosinas y pasteles en las escuelas y sustituirlos por manzanas y agua pura, además de obligar a los anunciantes de alimentos desequilibrados a introducir advertencias nutricionales; pasando por el voto en contra del Senado –presionados por el lobby agroalimentario que comercializa a diario cien mil productos en planteles escolares–, y por la adopción final de la ley enmendada: no habría venta de productos engordadores y la publicidad integraría su autocrítica o pagaría una tasa de 5 por ciento; hasta la concesión del gobierno diciendo que la prohibición sólo concernía a los refrescos y no las golosinas –vencido ante la asociación nacional de la industria alimentaria, apoyada por la Sugar Association que amenazó con pedir al Congreso de Estados Unidos retirar los 400 millones de dólares de contribución a la OMS–.

El lobby de las golosinas jugó su papel con éxito, pues finalmente introdujo las medias porciones, azúcares químicos, recetas con menos grasas y más saborizantes, para, al llegar a diciembre de 2010 comprobarse que los industriales de la alimentación no habían cumplido su compromiso de aligerar en azúcares y grasas los productos que sí anuncian a las horas y canales de los niños, además de aumentar en 89 por ciento la publicidad de productos grasos y salados. Lo que llevó a declarar a la clase política que no se puede tener confianza en los industriales para una autorregulación, en lo que es tarea del Estado para defender a sus electores presentes y futuros.

Yuriria Iturriaga