Desde hace muchos años, los reclusorios del país no cumplen las condiciones mínimas de seguridad y control, por lo que no fomentan la readaptación social de los internos y se convierten en espacios de formación de criminales, donde los tratos inhumanos y degradantes son la norma, con la complicidad de las autoridades.

Advirtieron lo anterior activistas de derechos humanos, a propósito de las notas publicadas recientemente por La Jornada, en las que se da cuenta de los asesinatos, aparentes suicidios y otras irregularidades que ocurren en diversos penales de alta seguridad del país, sin que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo haya informado en documentos oficiales.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, consideró que el tradicional hacinamiento, sobrepoblación, violencia y fugas en las cárceles demuestran el fracaso del sistema penitenciario mexicano, basado más en el castigo que en la readaptación social de los internos.

Este concepto ni siquiera figuraba en las leyes antes de la reforma constitucional de 2008, cuando se planteó la necesidad de brindar posibilidades de reinserción a los reos mediante la educación, la salud, el deporte y la cultura.

El actual modelo –afirmó– encarcela a los pobres y a los jóvenes como parte de un populismo penal utilizado por la clase política para ofrecer seguridad en época de elecciones, con medidas de mano dura que no resuelven el tema de la falta de oportunidades para los sectores más desfavorecidos.

Meter a tantos jóvenes primodelincuentes en la cárcel significa ponerlos en bandeja de plata para que el crimen organizado los reclute y los utilice en delitos de mayor complejidad, advirtió.

Por su parte, Humberto Guerrero, abogado independiente de derechos humanos, señaló que la falta de control en los reclusorios, y por ende fenómenos como la prostitución forzada, la venta de drogas e incluso la tortura, no son prácticas nuevas.

La misma autoridad permite que todas estas conductas se lleven a cabo, muchas veces con la participación de la SSP. Las consecuencias de eso son la ausencia de readaptación social, debilidad del sistema de monitoreo de las prisiones y falta de respeto a la dignidad humana de los reos, que está totalmente quebrada.