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Eludió varios juicios por crímenes de lesa humanidad; fue responsable directo de la Esma

Muere en Argentina el ex represor Massera
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En imagen de 1979, Emilio Eduardo Massera, uno de los integrantes de la primera junta militar de la dictadura argentina; murió ayer en Buenos Aires a los 85 añosFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 9 de noviembre de 2010, p. 33

Buenos Aires, 8 de noviembre. El ex dictador y ex contralmirante argentino Emilio Eduardo Massera murió hoy en esta capital, después de haber eludido en diversas ocasiones el enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura, cuya primera junta militar integró junto al ex general Jorge Rafael Videla y el ex comodoro Orlando Ramón Agosti, a partir del golpe militar que hundiría el país en la mayor tragedia de su historia, de 1976 a 1983.

Massera, de 85 años, fue internado en el Hospital Naval, donde falleció a media tarde a consecuencia de un paro cardiaco, aunque hace años sufrió un accidente cerebrovascular.

Fue responsable directo de uno de los dos mayores Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, que funcionó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Esma), hoy convertido en un sitio de la memoria, en homenaje a las miles de víctimas que pasaron por ese lugar, entre ellas las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, secuestradas y desaparecidas en diciembre de 1977.

Se calcula que por la Esma pasaron unos cinco mil detenidos desaparecidos.

En estos momentos era juzgado en Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Angela María Aietta, madre del dirigente peronista Dante Gullo; Juan Pegoraro y su hija, Susana, secuestrada embarazada y quien dio a luz en la Esma, donde los militares se apoderaban de los niños nacidos en cautiverio.

En 1985, durante el histórico juicio a las tres juntas militares, bajo el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín, Massera fue condenado con sus colegas a prisión perpetua y a la pérdida de su grado militar por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

Aun con la aprobación de las ya anuladas leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987), que significaron impunidad para miles de represores subalternos, los jefes militares continuaron detenidos –en condiciones muy ventajosas–, pero fueron indultados por el ex presidente Carlos Menem, en 1990, y recuperaron la libertad.

Madres, Abuelas y familiares comenzaron a abrir juicios en el exterior y aquí, como el que en 1998 llevó a Massera a prisión preventiva, al ser involucrado en una causa por el robo de niños, secuestros de infantes y ocultamiento de su identidad. La juez María Servini de Cubría lo detuvo por la apropiación del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas, nacido en la Esma en 1976 y entregado a un marino.

En 2005 fue declarado incapaz para ser juzgado por inhabilidad mental para enfrentar procesos, debido a las secuelas de un aneurisma cerebrovascular sufrido en 2002, lo que llevó a la suspensión de todas las causas contra él. Esta decisión constituyó un duro golpe para los familiares de las víctimas.

Durante los juicios contra los mayores responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma, los testimonios han señalado duramente hacia el máximo jefe de ese centro.

En el informe de la Audiencia Nacional de España que se conoció el 10 de octubre de 1997 sobre terrorismo y genocidio, y que contenía la declaración del capitán de Marina Adolfo Scilingo, hoy detenido en ese país, se constató que alrededor del 10 de marzo de 1976 el almirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales en 1976, siguiendo órdenes de Massera y con conocimiento de la alta jerarquía de la Armada, convocó a integrantes de la plana mayor del área naval de Puerto Belgrano para arengarlos en el combate que iban a librar contra delincuentes subversivos. El mismo día del golpe militar, en otra reunión, se comunicó que la Armada integraría el grupo de Tareas 3.3.2 y se explicaron las metodologías, como el uso de ropa civil en operaciones rápidas, así como interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física en aviones que en vuelo arrojarían cuerpos vivos y narcotizados al vacío, en una supuesta muerte cristiana.

También allí se mencionó que las embarazadas debían ser mantenidas con vida hasta el nacimiento y los niños luego entregados a familiares de marinos, militares o civiles que previamente lo solicitaran a través del orden establecido en la Esma. Con esto se pretendía evitar la contaminación que supondría devolver los hijos a sus familiares, para formarlos en aquellos principios por los que se luchaba.

Este esquema diabólico, como lo señaló la Audiencia Nacional, está detrás de la figura del jefe naval que hoy murió en esta capital, cuando algunos de sus compañeros son juzgados en nuevos juicios históricos, donde los testimonios abren puertas para conocer las implicaciones civiles e incluso judiciales, que permanecen amparados por la impunidad.