De entre todos los grupos sociales que son blanco de la discriminación, las mujeres indígenas son quizá el que peores condiciones debe enfrentar en lo que se refiere a violencia laboral, sexual, sicológica, escolar y física.

Por tal motivo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y diversas instituciones dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diseñaron el programa Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género desde un enfoque intercultural, que fue presentado la noche del martes pasado.

Dicho esquema, que contará con un presupuesto cercano al millón de dólares, se pondrá en marcha en varios municipios de los estados de Oaxaca y Chiapas, en los que durante tres años se impartirán diversos talleres para sensibilizar a hombres y mujeres sobre la equidad de género en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Aunque las mujeres son vistas casi siempre como víctimas, en varias comunidades también desempeñan un rol dirigente en muchos aspectos, pero esa capacidad de liderazgo ha sido ignorada, señaló Magdy Martínez Solimán, coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en México.

En un entorno de por sí caracterizado por la injusticia y la precariedad, las mujeres suelen ocupar un sitio aun más desventajoso, debido a la pobreza, el analfabetismo, la falta de tierras y la violencia de todo tipo, pero si este programa fuera exitoso, podría impulsar el cumplimiento de otros derechos, dijo.

Por su parte, María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Inmujeres, delineó el panorama difícil que enfrentan las indígenas en las comunidades rurales más pobres, en donde incluso han terminado por asumir como naturales sus propias condiciones de maltrato.

El presente esquema, que cuenta con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, podría marcar la pauta para que ellas comiencen a incursionar en terrenos dominados normalmente por los hombres, y en caso de tener éxito podría replicarse en otros lugares del país, anunció.

Verónica Zebadúa, coordinadora del proyecto, explicó a su vez que los municipios en los que se desarrollarán los talleres y cursos serán seleccionados junto con los gobiernos de Oaxaca y Chiapas.

Para ser elegidas, afirmó, las comunidades deben tener al menos 70 por ciento de hablantes de una lengua indígena y presentar niveles de alta o muy alta marginación, pero al mismo tiempo ser accesibles por tierra. Después de los tres años de duración de la iniciativa, se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa de sus alcances.

En entrevista posterior al acto, Martínez Solimán aseveró que el programa se aplicará mediante la experiencia de las mujeres y hombres que ya son líderes en sus comunidades, porque llegar sin un apoyo local no funcionaría.