La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sólo reconoce una denuncia formal por presuntos actos de prostitución de internas en los reclusorios de la ciudad, la cual fue presentada por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y el Tribunal Superior de Justicia, aunque admitió que existen testimonios de reclusas en torno a la existencia de una presunta red dedicada a esa actividad.

El titular de la dependencia reiteró que, pese a esas declaraciones ministeriales, hasta el momento no se ha podido acreditar el delito de trata de personas, pues, dijo, son imputaciones que no son directas o hechos propios.

Tenemos sus declaraciones, pero se refieren a hechos que no son propios, es decir, algo que no les consta de manera directa; ellas refieren que saben que existe, pero no algo que ellas hayan presenciado, dijo.

Hasta el momento la PGJDF ha tomado declaración a 23 internas de los penales femeniles de Santa Martha y Tepepan que relatan las formas en que opera la prostitución de reclusas con la participación de servidores públicos penitenciarios y de los juzgados.

Uno de esos testimonios es el de María Parres, quien fue agredida a golpes por varias internas de Tepepan luego de denunciar que los directores jurídico y del centro escolar de dicha cárcel, Ricardo Márquez Hernández y Carlos Retana Jiménez –actualmente arraigados–, ofrecían privilegios a las reclusas a cambio de favores sexuales. En su declaración ministerial Parres señaló que el segundo le hizo una propuesta directa en ese sentido para ser asesora escolar.

También está el caso de Yusmary Anais Guzmán, quien en diversas ocasiones ha declarado ante el MP el acoso sexual y hostigamiento que sufrió por un custodio para prostituirse en los túneles del Reclusorio Oriente. Al comparecer ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJDF identificó a su agresor como Aarón Set Vargas Díaz, a quien apodan El Jefe.

En torno a la investigación, Mancera Espinosa dijo que además de los funcionarios arraigados se dictó auto de formal prisión contra Diana Trujillo Neri, empleada del juzgado 43 penal. También se giró orden de aprehensión contra Joaquín Cedillo Luna, trabajador del juzgado 56, quien se encuentra prófugo y con un amparo. Ambos están acusados de falsificar documentos oficiales para que las internas fueran trasladadas a los reclusorios varoniles.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario negó que la integridad de María Parres esté en peligro, pues se encuentra en la zona de resguardo del penal femenil de Santa Martha y le fueron asignados dos elementos de custodia.